Dorothy Pérez, contralora general de la República, expresó su rechazo al proyecto de reajuste al sector público, especialmente la llamada “norma de amarre”, aseverando que afecta las competencias del organismo a su cargo.
Pérez estuvo presente en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde explicó que “la Contraloría no cuenta con la data del conjunto total de asignaciones que están sujetas a reajuste. Y esto nos impide validar la proyección de estos gastos, como se requirió en la invitación”.
Ante este escenario, la contralora detalló que “se han sostenido reuniones con la Dipres para revisar la metodología de trabajo (…) pero hay otros componentes de gasto, por ejemplo, los aguinaldos y los bonos, que no tenemos como validarlos porque no están los antecedentes relativos a las personas que van a ser beneficiarias de estos aguinaldos y bonos ni tampoco los tramos de sueldos entre los cuales se va a asignar estos pagos y beneficios”.
Junto con ello, centró sus principales críticas en la llamada “norma de amarre”, con la cual se busca limitar ciertos despidos a partir del 11 de marzo próximo, argumentando que “este artículo lo que está haciendo es modificar de manera directa un régimen estatutario pero no se hace cargo de los efectos que tiene esta modificación en el resto del sistema, tal como se los expresé con los ejemplos que trajimos”.
Dorothy Pérez apuntó al artículo 6 del proyecto de ley, que consigna que Contraloría no debe intervenir ni informar en casos que estén sometidos al conocimiento de los tribunales, y que solo puede abstenerse en reclamos de personal a contrata.
Para la contralora general, “esta norma altera las competencias de un órgano. Esta norma, que es una ley miscelánea, altera directamente las competencias de un órgano de naturaleza autónoma constitucional. Estas competencias específicas le confieren la facultad a la Contraloría de pronunciarse en estas materias”.
“El hecho de que se pueda en una ley miscelánea de rango simple, modificar la organización y las atribuciones de los órganos, es una cuestión que más allá del caso de la Contraloría, hay que preguntarse si abrir estos precedentes y estas compuertas es beneficioso. Se está modificando el régimen jurídico de la Contraloría General de la República (…) esto tiene que verificarse por una norma orgánico constitucional”, sentenció Dorothy Pérez.
