Cuando Isabel Plá entró a la sala de la Comisión de Educación del Senado el 8 de noviembre de 2019, se encontró con una sorpresa. Lienzos y decenas de representantes de sindicatos colmaban el espacio en que se iba a votar el proyecto de Sala Cuna Universal presentado por el presidente de ese entonces, Sebastián Piñera.
El ánimo estaba caldeado. Las protestas de octubre se habían extendido a noviembre, y el clima social se replicaba en el Congreso. El resultado, a esas alturas previsible, fue el rechazo de la iniciativa por parte de los senadores Juan Ignacio Latorre (RD), Yasna Provoste (DC) y Jaime Quintana (PPD), lo que significó el freno a una reforma que buscaba modificar el artículo 203 del Código del Trabajo.
“Nos encontramos con una movilización social activada por parlamentarios. Evidentemente se rechazó. Los parlamentarios de derecha votaron a favor, otros senadores se abstuvieron… estábamos viviendo otro momento”, recuerda la ex ministra y actual presidenta de Somos Mujeres en conversación con EL DÍNAMO.
El momento político cambió y, pese a que entró un gobierno de signo progresista, el proyecto sigue sin ver la luz a más de cinco años de esa sesión. La normativa actual establece que empresas con 20 o más mujeres deben costear sala cuna para hijos menores de dos años de sus trabajadoras, lo que —según diversos estudios— actúa como barrera para la contratación femenina en empresas pequeñas.
Hoy, el Ejecutivo mantiene una áspera disputa con la UDI por la tramitación del proyecto. Mientras el gobierno del presidente Gabriel Boric espera aprobar la legislación lo más pronto posible para sumarla a su legado, la oposición ya adelantó que, si ve la luz, será en la administración de José Antonio Kast.
Plá, sin embargo, prefiere no referirse a la disputa política, sino al fondo: “Tendríamos que haberlo resuelto hace 20 años, para serte franca. Y a nosotros, los que seguimos este tema, me frustra mucho que permanentemente se desinforme sobre el objetivo de la reforma”, sostiene.
Reforma laboral, no educacional
Esa crítica tiene que ver con el origen y enfoque del proyecto. El gobierno de Piñera apostó por un diseño que resolviera de la manera más urgente la empleabilidad de mujeres; la oposición de ese entonces presionó por añadir el componente educacional, derivando la discusión a la Comisión de Educación del Senado.
“Esta reforma es laboral, no educacional. Evidentemente los gobiernos tienen que asegurarse de que el servicio que prestan las salas cuna sea de primer nivel, pero no es la materia principal de la reforma”, afirma Plá, quien como ministra de la Mujer y la Equidad de Género de Chile lideró el proyecto original que logró aprobación en general pero nunca avanzó.
La propuesta actual del gobierno contempla que ninguna empresa pague directamente la sala cuna completa. En su lugar, se crearía un fondo financiado con un 0,1% adicional de cotización por parte de los empleadores, más otro 0,1% proveniente del Fondo de Cesantía. Este mecanismo busca eliminar el desincentivo actual que frena la contratación de la trabajadora número 20 en empresas pequeñas.
Chile tiene una de las tasas de participación laboral femenina más bajas de América Latina: 53%, frente al 56-57% que registran otros países de la región. Para Plá, esta regulación es una de las causas estructurales del problema.
Plá y el tramo final de la Sala Cuna Universal: “Confío que Kast la va a impulsar”
La ex ministra es crítica con los tiempos que ha manejado el Ejecutivo. Desde la sociedad civil, la Corporación Somos Mujeres solicitó reiteradamente —mediante cartas y comunicados— que el gobierno pusiera urgencia legislativa a la tramitación.
“Le puso urgencia simple, creo que en abril o mayo del año pasado, y recién le puso urgencia suma en enero de este año, cuando quedan apenas semanas de mandato”, lamenta.
Para Plá, esta debió ser “la primera regulación laboral que el gobierno abordara”, dada su importancia para el empleo femenino.
Sobre los ajustes necesarios al proyecto, la ex ministra identifica un punto crítico: la certeza jurídica para el empleador. “La obligación del empleador es pagar 0,1% de cotización adicional, y ahí se agota su obligación. Porque tiene que existir la certeza de que él no está obligado a pagar la sala cuna completa. El fondo es el que tiene que pagarlo”, explica.
Otros cambios que considera necesarios incluyen garantizar la libertad de las familias para elegir la sala cuna que prefieran —ya sea cerca de la casa o del trabajo— sin trabas burocráticas, y asegurar que el derecho sea ejercido voluntariamente, no como una obligación.
Pese a reconocer que el proyecto tiene “complejidades” técnicas y políticas, Plá mantiene la esperanza de que la reforma finalmente se concrete.
“A nosotros lo que nos concentra es que hay una traba, un candado en la puerta de empleabilidad de las mujeres, que está cerrado desde hace décadas y que ningún gobierno ha podido abrir”, sostiene.
Sobre el futuro inmediato, se muestra optimista respecto al próximo gobierno: “Confío que si no se resuelve en marzo —que es muy difícil porque es una reforma que tiene complejidades y hay que reconocerlo— el presidente José Antonio Kast va a darle la importancia a esto y hará lo posible por salir adelante con esta reforma o con otra”.
