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Reforma política a contrarreloj: mecanismo que podría salvar a partidos disueltos amenaza acuerdo entre el Gobierno y diputados

Entre el Ejecutivo y los diputados existe un principio de acuerdo para sacar adelante la reforma política. Sin embargo, la negativa del Gobierno para impulsar una norma que salve a los partidos en proceso de disolución tensiona el debate a pocas semanas de que termine el actual periodo legislativo.

El reloj marcaba las 15:30 del lunes cuando la ministra Macarena Lobos dio inicio a la reunión que convocó a diputados de todos los sectores para discutir los cambios que introducirá el Gobierno a la reforma política.

Hasta las dependencias de la Segpres llegaron el subsecretario de la cartera Nicolás Facuse y los diputados Tomás Hirsch (AH), Vlado Mirosevic (PL), Claudia Mix (FA) y Rubén Oyarzo (PR), presidente de la Comisión de Gobierno donde se tramita la reforma. De manera telemática se conectaron la senadora Paulina Vodanovic (PS), la diputada Carolina Tello (FA), Jaime Mulet (FRVS), Fernando Bórquez (UDI), Bernardo Berger (RN) y los asesores de Joanna Pérez (Demócratas) y José Carlos Meza (Republicanos). 

Según comentan algunos de los asistentes, las sensaciones tras el encuentro fueron positivas: el Ejecutivo se comprometió a bajar el umbral para que nuevos partidos políticos puedan inscribirse y se abrió el camino para una norma “antidíscolos”, algo que había estado fuera de la ecuación en las últimas semanas. 

Si bien la ministra no presentó de inmediato las indicaciones que deben ser socializadas antes del próximo lunes —día que retoma sus funciones el Congreso— sí entregó detalles de los cambios que tendrá la reforma política. 

Sobre el umbral para la formación de nuevos partidos, por ejemplo, Lobos indicó a los presentes que el Gobierno estaba dispuesto a rebajar el porcentaje del 0,5% de los votos emitidos en la última elección de diputados al 0,3%. En concreto, de las más de 77 mil firmas que contemplaba el proyecto original, ahora serán poco menos de 40 mil. 

La propuesta del Ejecutivo subsanó una de las principales críticas al proyecto, puesto que previamente los diputados hicieron ver que el umbral para nuevas tiendas políticas era incluso mayor que el número de militantes del partido más grande: el Frente Amplio con 56 mil militantes.

Para las tiendas ya vigentes y que cumplieron con el umbral de la ley de partidos políticos, se les solicitará llegar al 50% del 0,3% de los votos. Es decir, llegar a 20 mil militantes para mantener la subsistencia con un plazo de 18 meses desde la publicación de la reforma.

Bajo ese umbral hoy está la UDI, el Partido Republicano, la DC y el PPD, además de los partidos que fueron disueltos por el Servel. 

La norma que podría salvar a partidos y que traba el proyecto

Un punto al que no se llegó a acuerdo fue la norma que proponen los diputados como salida para aquellos partidos que consiguieron representación parlamentaria pero que no llegaron al umbral de los 4 diputados o el 0,5% de los votos. 

En la Comisión de Gobierno de la Cámara se planteó la posibilidad de que partidos que estén en proceso de disolución puedan fusionarse en una nueva tienda y así cumplir con los requisitos que contempla la norma actual. 

La idea de fusionar partidos surgió en la tramitación de la reforma política de los senadores que no prosperó en la Cámara.

El Gobierno, sin embargo, se opone a esa indicación y notificó a los diputados que no impulsará una medida de esas características.

Los partidos que podrían verse beneficiados de esa norma para mantener la vigencia legal son Evópoli, Demócratas, FRVS y el Partido Radical.

Otro caso es el del Partido Social Cristiano que eligió a tres diputados y en el que milita la ministra de la Mujer, Judith Marín. Si bien el partido fue disuelto por el Servel, fuentes de la colectividad aseguran que ya tienen las firmas para inscribir un nuevo partido, por lo que se le solicitó al Ejecutivo incluir una indicación transitoria para las nuevas tiendas que ya estén en proceso de recolección de firmas. 

Norma “antidíscolos”

Una de las novedades en la presentación del Ejecutivo fue la idea de incluir una normativa “antidíscolos”, o en otras palabras, castigar a los parlamentarios que abandonen el partido por el cual fueron electos para recalar en otros proyectos políticos. 

Eso sí, la norma guarda grandes diferencias con la pérdida de escaño que se propuso en el Senado. 

La norma del Gobierno —y de la cuál se mostraron a favor varios diputados— es que los legisladores que cambien de partido sean sancionados con la pérdida de asignaciones o bien, con la remoción de sus comisiones. 

La indicación está relacionada con la instauración de los comités parlamentarios como figuras legales, y no como instancias reglamentarias de las respectivas cámaras, que es la figura con la que actualmente funcionan.

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