El Fondo Solidario de Crédito Universitario dio a conocer su informe 2026, donde detalla que ocho diputados y al menos seis autoridades de Gobierno mantienen una deuda de financiamiento de su educación superior en universidades del Consejo de Rectores (CRUCh).
Según consignó El Mercurio, el monto más alto pertenece a la diputada republicana Claudia Reyes, con una deuda de $38 millones con la Universidad Austral; seguida de Nathalie Castillo (PC) con $27,8 millones a la Universidad de La Serena; José Carlos Meza, de Republicanos, con $17 millones a la Universidad Católica de Valparaíso; y Sara Concha (Partido Social Cristiano) con $1,5 millones.
A ellos se suman Carolina Tello (Frente Amplio) que debe pagar $12,9 millones a la Universidad Católica; Francisco Crisóstomo (PS) con una deuda de $1,2 millones; su compañera de partido Emilia Nuyado con $6,2 millones; mientras Héctor Ulloa (IND) debe $18,6 millones a la Universidad Católica de la Santísima Concepción.
Autoridades deudoras de crédito universitario
Pero además de los parlamentarios, hay autoridades de Gobierno que también aparecen como deudores del crédito universitario, como la delegada presidencial de Antofagasta, Katherine López, con $8,8 millones a la Universidad de Antofagasta.
A ella se suman los delegados provinciales Ricardo Figueroa y Abel Gallardo con $40 millones en la Universidad de Chile y $14 millones en la Universidad Católica de Temuco, respectivamente.
Por su parte, los seremis José Bravo y Carlos Zirotti son deudores de $30 millones en la Universidad de La Frontera y $3,2 millones en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
