El tsunami llegó. No con la fuerza que se había anunciado —entre dos mil y tres mil indicaciones—, pero sí con un volumen suficiente para encender las alarmas del oficialismo y tensar la tramitación del proyecto emblema del presidente José Antonio Kast en la Cámara de Diputados.
Según el conteo de la secretaría de la Comisión de Hacienda, cerca de mil indicaciones fueron ingresadas antes del plazo del lunes a mediodía, una cifra que el propio presidente de esa instancia, el diputado republicano Agustín Romero, comparó con la magnitud de una ley de presupuestos.
“Para el trámite de una ley normal, esto es una cantidad que supera el estándar”, dijo el diputado y principal aliado de Jorge Quiroz en la tramitación de la megarreforma. Pese a la magnitud de las indicaciones, el diputado anunció que mantendrá el calendario fijado para esta semana y que usará sus atribuciones reglamentarias para acelerar la discusión y así lograr despachar el proyecto al Senado antes de la Cuenta Pública, petición expresa del presidente Kast a su sector.
Quién presentó qué
La principal ofensiva colectiva de la oposición se materializó en un paquete de 10 indicaciones conjuntas, presentadas bajo el nombre “Crecimiento para Todos” por diputados del Partido Socialista, Frente Amplio, Partido Comunista, PPD y Partido Liberal.
El documento propone medidas en tres ejes: alivio inmediato al bolsillo de las familias, generación efectiva de empleo y una estrategia de desarrollo económico con foco en pymes y clase media.
Entre las propuestas figuran el fortalecimiento del Subsidio Unificado al Empleo (SUE), la exención de contribuciones para la clase media sin afectar ingresos municipales, un subsidio al pie para la compra de viviendas de hasta 4.000 UF, la devolución del IVA de la canasta básica al bolsillo electrónico del 60% más vulnerable, el fin del DICOM y el derecho al olvido financiero, la creación de la Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo (AFIDE), la Sala Cuna Universal y un plan de estímulo a la inversión tecnológica para pymes. El paquete también contempla el levantamiento acotado del secreto bancario de grandes empresas para combatir la evasión.
“El proyecto del Gobierno es malo. No garantiza empleo ni desarrollo. Los expertos han advertido que aumentará el déficit fiscal, empujará más deuda y recortes sociales. Por eso desde la oposición presentamos 10 indicaciones que buscan crecimiento para todos, empleo digno y desarrollo económico”, sostuvo el diputado Daniel Manouchehri (PS), uno de los articuladores de la estrategia de “tsunami” de indicaciones.
Pero más allá del paquete colectivo, cada bancada actuó también por cuenta propia. El Partido Comunista fue el actor más activo: como comité presentó 170 indicaciones y sus diputados ingresaron más de 300 adicionales a título individual, para un total que supera las 470 propuestas solo de esa bancada.
Sus indicaciones abordan materias como la creación de un royalty portuario, medidas contra la concentración económica, el fortalecimiento del régimen Pro-Pyme, la devolución del IVA en medicamentos y alimentos básicos, y la prohibición del anatocismo —cobro de intereses sobre intereses—, entre otras.
El Partido Socialista presentó 20 indicaciones como bancada. El PPD ingresó 29, mientras que el Frente Amplio presentó cerca de 50, según señaló el diputado Jorge Brito, quien aprovechó de descartar un ánimo obstruccionista, a pesar del inusual volumen de indicaciones.
“Ni tsunami, ni boicot, ni sabotaje. Es nuestro deber legislar con los cálculos bien hechos sobre la mesa”, afirmó Brito, quien añadió que las indicaciones de su bancada buscan hacerse cargo de las observaciones del Consejo Fiscal Autónomo y “reparar el camino hacia el abismo fiscal al cual nos quiere llevar este proyecto de ley”.
La Democracia Cristiana, que desde el principio se desmarcó del bloque opositor y aclaró que no participaría en estrategias de dilación, presentó junto al FREVS 102 indicaciones. La diputada Priscilla Castillo, integrante de la comisión de Hacienda, había anticipado la semana pasada que el partido actuaría “con seriedad” y solo presentaría “las indicaciones que sean estrictamente necesarias para mejorar y corregir el proyecto, pero en ningún caso para dilatar su tramitación”.
El Partido de la Gente (PDG) también aportó su cuota. La bancada ingresó más de 100 indicaciones, 36 de ellas de autoría de la diputada Zandra Parisi, hermana del líder de la colectividad, Franco Parisi.
Las indicaciones, según adelantaron desde la bancada, abarcan desde correcciones al Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios —ampliándolo a Ñuble y Biobío— hasta modificaciones al sistema de evaluación de impacto ambiental, al régimen acuícola y a la ley de monumentos nacionales.
En varios artículos, las indicaciones de Parisi directamente recomiendan el rechazo de disposiciones del proyecto que estima inconstitucionales, como el estatuto de invariabilidad tributaria del artículo 33 y el mecanismo de amnistía patrimonial del artículo tercero transitorio.
En el oficialismo, la participación fue marginal. La diputada Ximena Ossandón (RN), vicepresidenta de la Cámara, presentó dos indicaciones, y los republicanos ingresaron otro par. Los libertarios se abstuvieron de presentar correcciones argumentando que no se plegarían al “ánimo obstruccionista” de la oposición.
Romero endurece el tono y fija la agenda
Frente a este escenario, Romero descartó cualquier posibilidad de negociación en la Cámara y anunció un cronograma maratónico para esta semana. La sesión de este martes comenzará a las 15 horas y se extenderá hasta las 23:59. El miércoles la comisión sesionará desde las 10:30 de la mañana hasta las 14:30, para luego continuar desde las 15 horas hasta el despacho total del proyecto.
El presidente de la comisión advirtió que revisará cuáles indicaciones quedarán dentro del comparado —aquellas que apuntan a mejorar el proyecto— y cuáles serán declaradas inadmisibles por implicar gasto fiscal, atribución exclusiva del Ejecutivo.
Frente a la eventual acumulación de propuestas sobre un mismo punto, anticipó que aplicará “el sentido común” y que recurrirá a mecanismos de votación económica para agilizar el trámite. En ese sentido, el republicano afirmó estar “analizando” el reglamento con el fin de saltarse la norma que compromete tres minutos de intervención por cada votación que se de en la comisión. Asimismo, aseguró que el oficialismo “hará valer” su mayoría en la comisión.
“Esta norma del reglamento está pensada para obrar de buena fe, cuando se hacen indicaciones más o menos razonables, pero frente a un número increíble, y más encima presentadas a sabiendas de que son inadmisibles, naturalmente es mala fe total“, sostuvo el diputado.
En esa línea, Romero aseguró que en la Cámara no va a existir un acuerdo y que la apuesta del oficialismo es que el proyecto se despache lo antes posible para que sea el Senado el lugar donde se acerquen posiciones. “Si la manera de presionar que tienen algunos diputados es dilatar, yo prefiero mil veces que el proyecto se vaya al Senado y se acuerde en otro lado“, sentenció.
