Pese a que aún no se ha repuesto institucionalmente el rol de Primera Dama, María Pía Adriasola funge como tal. Uno de sus primeros gestos en La Moneda fue, desde el casino, servirle almuerzos a los funcionarios de la sede de Gobierno. No obstante, el acto, y su fiscalización sanitaria y administrativa, llegó hasta la Contraloría, a petición del diputado Daniel Manouchehri (PS).
“La manipulación de alimentos exige guantes, mascarilla y cubre pelo. Son protocolos sanitarios básicos. En La Moneda también deben cumplirse. El Estado funciona con reglas. La Moneda no es un fundo“, criticó el legislador el 12 de marzo, cuando anunció que iba a oficiar a la Contraloría y a la Seremi de Salud para que emitieran un pronunciamiento.
El plazo se cumplió. En su dictamen, el organismo dirigido por Dorothy Pérez informó que ordenó reportes desde la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, la Subsecretaría de Salud Pública, la Secretaría Regional Ministerial de Salud Metropolitana y el Instituto de Salud Pública. En el caso del primer ente, se respondió que el acto reclamado “no implicó una intervención en el proceso de elaboración o preparación de los alimentos, sino que correspondió únicamente a una colaboración puntual en la etapa final del servicio”.
Por otra parte, Contraloría transmitió que de la fiscalización sanitaria realizada al casino de La Moneda no arrojó irregularidades. Por ende, informaron que “no se advierte algún reproche de juridicidad en torno a lo obrado por las entidades públicas requeridas“.
El recado de Contraloría a Manouchehri y diputados
Hacia el final del informe, la Contraloría se encargó de recordar que por ley debe priorizar los requerimientos provenientes en virtud de un acuerdo de la Cámara de Diputados y que además intenta resolver con prontitud las denuncias realizadas por los parlamentarios individualmente.
Lo anterior, debido a la atribución que les concede la Constitución para fiscalizar los actos de gobierno y “considerando la representación ciudadana que invisten”.
No obstante, la institución también recordó que las respuestas a estas solicitudes involucran recursos humanos y financieros. “Es útil hacer presente que para que esta Contraloría General pueda ejercer sus funciones de control de toda la Administración el Estado y de las demás entidades que la ley le mandata fiscalizar, requiere de significativos esfuerzos y recursos humanos, financieros y materiales, los que, por su escasez, necesariamente deben ser aplicados con cuidadoso resguardo para asegurar un control eficiente y eficaz”, dice el documento.
