El Gobierno de José Antonio Kast tenía un plan para el Senado. Tras despachar la megarreforma desde la Cámara de Diputados, los ministros Claudio Alvarado y José García Ruminot comenzaron a trabajar en silencio una fórmula para construir un acuerdo más amplio que el estrictamente necesario: la idea era que el proyecto de Reconstrucción Nacional no se aprobara raspando, sino con un margen que le diera legitimidad política.
Ese plan, que ya enfrentaba obstáculos propios, recibió esta semana un golpe desde adentro.
El Partido Nacional Libertario, sin mediar coordinación con el resto del oficialismo, anunció el martes una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau. La decisión se fundó en la denuncia del actual titular de la cartera, Jorge Quiroz, quien acusó al gobierno anterior de haber omitido en su informe financiero una deuda de más de US$10.000 millones para el período 2026-2030. El Partido Republicano se plegó de inmediato.
Chile Vamos, sin embargo, recibió la noticia con cautela, malestar apenas disimulado y una pregunta que varios de sus parlamentarios se hicieron puertas adentro para luego externalizarla: “¿Era este el momento?”.
La incomodidad con la arremetida contra el exministro de Gabriel Boric fue advertida incluso por el Ejecutivo. Alvarado reconoció ante que la AC “afecta el ánimo de discusión en el Parlamento”, aunque le bajó el perfil al señalar que hay que “convivir con las cosas que pasan”.
A Alvarado, que es visto como el representante del “alma de la derecha moderada” en el Gobierno, se sumaron otras voces de la coalición que cuestionaron el libelo acusatorio.
Una ofensiva sin coordinación en un tenso momento
Lo que más irritó a Chile Vamos no fue el fondo de la acusación sino la forma. Entre el informe de Quiroz y el anuncio del libelo pasaron menos de 24 horas, lo que —sumado a la semana distrital— impidió cualquier reunión de coordinación entre las bancadas del oficialismo.
La decisión se tomó de manera unilateral, acusan en Chile Vamos, en una lógica que varios interpretan como una carrera entre libertarios y republicanos por capitalizar el desgaste del gobierno anterior, más que como una acción fiscalizadora respaldada en evidencia sólida.
El senador Iván Moreira (UDI), vicepresidente de la Cámara Alta, advirtió que “el momento político es cuestionable, porque si había una evidencia tan sólida, debió presentarse con anterioridad, y no ad portas de una megarreforma prioritaria, urgente, que demanda el país”.
Y agregó: “Todo esto enrarece el ambiente político en los momentos que se requiere con urgencia sumar, no restar para aprobar la reforma que Chile tanto necesita. Este no es tiempo para competencias en la derecha dura, para medir quiénes son los más duros en contra del gobierno anterior”.
Moreira también advirtió sobre las consecuencias de largo plazo: “Aquí lo que pasa es que se le está abriendo la puerta a la izquierda a futuras acusaciones constitucionales a ministros de nuestro gobierno, del presidente Kast”.
En RN, los senadores Paulina Núñez —presidenta del Senado— y Andrés Longton levantaron la misma alerta. “Esto no facilita el diálogo frente a la megarreforma que está en el Senado. Polariza aún más la discusión, eso es bastante evidente”, dijo Longton.
Y añadió que en el actual escenario “tiene que haber un equilibrio respecto a que tengamos los votos considerando lo ajustados que estamos”.
Margen de megarreforma en el Senado se achica
Si la intención de los republicanos era demostrar dureza hacia el gobierno anterior, el efecto en la oposición fue el opuesto al deseado. Los senadores que el Ejecutivo necesita persuadir para ampliar su margen en la Cámara Alta respondieron con rechazo explícito y con nuevas condiciones para dialogar.
El senador Iván Flores (DC), ante la consulta de EL DÍNAMO aseguró que “no se entiende cómo el Gobierno, por un lado plantea la necesidad de dialogar; y, por otro, está garroteando. Si no tienen pruebas concretas, no amenacen, porque esa amenaza lo único que hace es enredar todavía más el proceso de este proyecto de ley que ya está enredado”.
El senador Fidel Espinoza (PS) apuntó en la misma dirección: “Esta acusación constitucional nos va a hacer perder el tiempo largas semanas si se llega a materializar su tramitación, y por lo tanto también afecta lo que el Gobierno más quiere sacar adelante hoy, que es su megaproyecto”.
“Este es el momento donde más diálogo necesita, donde requieren llegar a acuerdos en el Senado, van a tensionar el ambiente político de manera innecesaria. Eso para mí es solamente falta de experiencia política por parte de la ultraderecha”, acotó.
El escenario en el Senado ya era exigente antes de la AC. El Gobierno opera con un empate técnico entre oficialismo y oposición, sin el Partido de la Gente —que fue decisivo en la Cámara— y con la DC que ya anunció su rechazo.
La estrategia de los ministros Alvarado y García había sido intentar seducir al Socialismo Democrático para lograr una aprobación con más votos de los estrictamente necesarios, una señal de transversalidad que le diera legitimidad política al proyecto emblema del Presidente.
