Sin ser parte del oficialismo, el Partido Nacional Libertario logró remover las aguas al interior de las fuerzas que respaldan el Gobierno del presidente José Antonio Kast.
La tienda liderada por Johannes Kaiser anunció —sin mediar una coordinación con el resto de la derecha— la presentación de una acusación constitucional contra el ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau (FA). Esto, luego de que el actual titular de la cartera, Jorge Quiroz, acusara a la pasada administración de omitir en el informe financiero una deuda de USD $10.000 millones para el periodo 2026-2030.
“De acuerdo a la información entregada por el Ejecutivo, tenemos un problema extremadamente serio heredado de la administración económica en torno a las proyecciones de deuda (…) Eso ha conducido a que nuestra bancada parlamentaria haya decidido tomar acciones respecto a la responsabilidad política; es decir, elevar una acusación constitucional contra el (ex) ministro Grau”, aseguró Kaiser, líder de los libertarios, durante la tarde del martes.
A los pocos minutos, el Partido Republicano hizo lo propio. En un punto de prensa en la sede del partido, la tienda fundada por el presidente Kast anunció que se plegaría a la ofensiva contra el exministro. “Díganle a los chilenos que gastaron de más la plata de 50 hospitales de nuestro país. Y nosotros vamos a hacer valer las responsabilidades políticas, que en este caso recaen sobre el ministro Nicolás Grau”, apuntó el jefe de la bancada republicana, diputado Benjamín Moreno.
El problema, aseguran en el oficialismo, es que la arremetida constitucional anunciada no fue coordinada ni socializada con el resto de la oposición. De hecho, entre que se emitiera el informe y el anuncio de la AC, pasaron menos de 24 horas, lo que sumado a la semana distrital, impidió una reunión de coordinación entre las bancadas del oficialismo.
En ese contexto, volvió a resurgir la incómoda conversación que se ha instalado en el Gobierno desde su instalación: las dos almas que cohabitan el poder representadas en el Partido Republicano —fundado por Kast— y Chile Vamos.
La coalición conformada por Evópoli, Renovación Nacional y la UDI no respaldó la ofensiva contra Grau. Por el contrario, el llamado desde el sector fue a “estudiar minuciosamente” el libelo que se presentará e impulsar el “entendimiento político” en vez de la confrontación. Lo último, en consideración de que el Gobierno ya está dando los primeros pasos para intentar un acuerdo en el Senado, uno que permita sacar adelante el proyecto de Reconstrucción Nacional que inicia su tramitación la próxima semana.
“Si vamos a abrir un espacio de diálogo para construir una buena ley para Chile, ese diálogo debe abrirse en todos los frentes. Yo creo que hoy es momento de diálogo, de conversar, debatir y entender que este proyecto tiene una tramitación clave para el crecimiento del país”, sostuvo la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN).
La máxima autoridad de la Cámara Alta (que ha liderado una soterrada comunicación con la oposición para avanzar en un entendimiento en la megarreforma), apuntó a que este tipo de acciones deben esperar a “que tengamos una ley aprobada”.
Y acotó: “Si un partido de oposición está dispuesto a alcanzar un acuerdo en esta materia (…) no parece razonable que, al mismo tiempo, se le enfrente con herramientas de fiscalización dirigidas contra quienes tomaron decisiones en el pasado”.
En un tono similar, la jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse, aseguró que si bien los antecedentes contra Grau “son graves”, el gremialismo estudiará si existe respaldo jurídico. “Nosotros vamos a estudiar en profundidad y en su mérito esta acusación constitucional”, dijo Weisse dejando en suspenso si es que se respaldará la AC.
El subjefe de bancada de diputados RN, Eduardo Durán, también se mostró crítico ante la decisión de los republicanos y libertarios.
“Las decisiones políticas más relevantes siempre son mejores cuando se toman colectivamente, con sentido de coalición y unidad del sector”, advirtió Durán, a la vez que enfatizó en que “una acusación constitucional en medio de una discusión tan importante para el país puede terminar tensionando innecesariamente el ambiente político y afectar los acuerdos que Chile necesita sacar adelante, como la megarreforma”.
