Pese a que el fallo del Tribunal Constitucional que echaba por tierra el corazón de la ley “Escuelas Protegidas” se conocía hace algunas semanas, recién ayer por la noche trascendió el detalle de la votación y que la presidenta del TC, Daniela Marzi, usó su voto dirimente en tres ocasiones para declarar como inconstitucional ciertas disposiciones.
Así, quien fuera designada por el expresidente Gabriel Boric, inclinó la balanza para declarar inconstitucional la facultad de Carabineros y la PDI de revisar las mochilas de estudiantes o de prohibir que alumnos vistieran prendas que hicieran apología a la violencia. De todas maneras, la revisión de mochilas podrá ser incluida en los reglamentos de cada establecimiento.
El diputado Pier Karlezi (PNL) sostuvo que “está pasando lo que era lógico que pasara. El TC está siendo un brazo armado del Frente Amplio. La presidenta está pagando favores políticos del presidente Boric por dejarla en ese puesto. No me sorprende para nada que el fallo dirimente sea siempre para ese lado”.
“Lo que sí me sorprende son las implicancias de este fallo, es decir ¿es ilegal revisar las mochilas, hacer todo ese tipo de cosas? O sea cuando mande a mi hija a un concierto y vaya con mochila, ¿ella se puede negar a que la revisen e ingresar igual? ¿a mí no me van a poder revisar cuando entre al Congreso? ¿a nadie lo van a poder revisar, a un menor de edad, cuando viaje en un bus o en un avión? Paremos con las ridiculeces en Chile”, añadió.
Por su parte, el senador Arturo Squella estimó que con los detalles del fallo “se confirma sesgo ideológico y necesidad de reforma constitucional para viabilizar voluntad soberana de millones de chilenos que permita nuevo trato en seguridad”.
A su vez, el senador e integrante de la Comisión de Educación, Rojo Edwards (IND-RN), dijo a EL DÍNAMO que “el Tribunal Constitucional eliminó normas que eran fundamentales para enfrentar situaciones complejas al interior de los establecimientos educacionales”.
Junto con criticar que se haya limitado la intervención de Carabineros en la revisión de mochilas de alumnos cuando éstos se nieguen, Edwards también arremetió contra que se haya mantenido “el acceso a la gratuidad para estudiantes condenados, quienes perfectamente podrían optar a otros mecanismos de financiamiento, como el CAE. También permitió el uso de vestimentas que hacen apología de la violencia, de conductas ilegales o del consumo de drogas y eliminó la interrupción de clases del catálogo de faltas graves a la convivencia escolar”.
“La verdad es que el TC está enviando señales de impunidad al sistema educativo. Por eso, creo que se requiere una reforma que permita revisar la forma en que se designan sus integrantes, de manera que actúen efectivamente como jueces y no como operadores políticos”, propuso.
