Ni el temporal alteró el calendario. Pese a que desde la oposición solicitó postergar la discusión legislativa por el sistema frontal que afecta a la zona central y al norte chico, el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), determinó que la sesión de este martes en que se votará la megarreforma no se suspenderá y seguirá su curso normal.
La determinación del parlamentario gremialista se da en acuerdo con La Moneda, desde donde se le pidió a Alessandri mantener el cronograma establecido por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.
Si bien el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, sostuvo que la prioridad es la emergencia, aclaró que el Ejecutivo debe seguir operando en sus otros ámbitos de acción, entre ellos el legislativo.
En ese sentido, este lunes, en el comité político ampliado, el presidente José Antonio Kast reforzó el llamado a aprobar y pidió máxima disciplina para que ningún diputado oficialista o aliado se ausente o se desmarque.
Las dudas del PDG y le temor a la mixta
El desenlace de la sesión —que se estima durará unas tres horas, con la votación al final— no está resuelto, y la incógnita tiene un nombre conocido: el Partido de la Gente.
En el tercer trámite los diputados solo se pronuncian sobre las modificaciones que introdujo el Senado, de modo que basta con que una de ellas sea rechazada para que el proyecto se desvíe a comisión mixta.
La bancada que encabeza Juan Marcelo Valenzuela se reunió de forma telemática la noche del domingo por más de dos horas, con 11 de sus integrantes presentes, sin alcanzar consenso.
Las conversaciones continuaron este lunes y en el partido liderado por Franco Parisi no descartan entregar libertad de acción para evitar descuelgues. Esto, pese a que Alvarado se reunió con la diputada Zandra Parisi y la nueva presidenta del PDG, Denisse Catalán, con el fin de asegurar los respaldos de la bancada.
Entre los puntos que generan reparos aparecen el término del anatocismo y la indemnización estatal a las inversiones rechazadas ambientalmente. También está la duda sobre cómo votará la bancada la reformulación del Sence.
Valenzuela, en tanto, también tuvo acercamientos con La Moneda en la previa de la sesión. El lunes, el parlamentario se reunió con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en la sede de la cartera. Tras el encuentro, el diputado admitió que “una comisión mixta alarga los plazos y va en contra de lo que quiere el ministro Quiroz”, pero reivindicó que la bancada debe tener su propia deliberación.
Para el Gobierno, la mixta no es un mero trámite. La instancia, integrada por cinco diputados y cinco senadores, quedaría con mayoría oficialista de 6 a 4 debido a la composición de ambas cámaras.
Pero también corre el riesgo que la senadora Daniella Cicardini (PS), los diputados Daniel Manouchehri (PS) y Jorge Brito (FA) —los adversarios más duros del proyecto—, integren la instancia. También podría hacerse presente la diputada Parisi, quien se ubica en la parte crítica del PDG en torno al proyecto de reconstrucción.
A eso se suma un cálculo de tiempos. En el oficialismo predomina la idea de que la Cámara apruebe todas las enmiendas y que los cuatro puntos que incomodan al Ejecutivo —el derecho al olvido financiero, las garantías de pago a 30 días para las pymes, la prohibición de cortar servicios básicos por no pago en zonas siniestradas y el impedimento de cobrar intereses sobre intereses— se resuelvan después por la vía de un veto presidencial supresivo. O bien, en el Tribunal Constitucional, método que quedó habilitado luego de la reserva de constitucionalidad que invocó Quiroz en el Senado.
Los requerimientos al TC
En paralelo, la oposición dio por cerrada su estrategia para hacer frente a la megarreforma en su última milla.
Tras la reunión de presidentes de partido, jefes de bancada y abogados constitucionalistas en la sede del PS, el presidente del PPD, Raúl Soto confirmó que se presentarán tres requerimientos ante el Tribunal Constitucional: uno por la Cámara y dos por el Senado, referidos a invariabilidad tributaria y a normas medioambientales.
La presidenta del PS, Paulina Vodanovic agregó que los escritos ya están avanzados y que el planteamiento no responde a “una apreciación política” sino al cumplimiento de la Constitución.
Y acotó: “Este proyecto es un mal precedente constitucional respecto a la democracia, a las facultades del Congreso Nacional que es lo que han asegurado jurídicamente las y los abogados que han participado de la preparación de estos escritos, y que es lo que nos motiva a concurrir al Tribunal Constitucional este martes”.
Desde el Gobierno, en todo caso, le bajaron el perfil al asunto. Quiroz señaló que la oposición está en su derecho y que el Ejecutivo responderá cada requerimiento oportunamente, mientras Alvarado apuntó que la ofensiva era esperada.
Todo esto, mientras La Moneda aún busca un jurista que pueda defender la postura del Ejecutivo ante el TC luego de la derrota sufrida en el proyecto Escuelas Protegidas.
