La Cámara de Diputados ratificó este martes en su tercer trámite constitucional la enorme mayoría de las modificaciones que el Senado introdujo a la megarreforma, dejando pendiente únicamente el mecanismo de compensación a los municipios por la exención de contribuciones, que ahora deberá resolverse en comisión mixta.
La votación general de las enmiendas del Senado se resolvió con 85 votos a favor y 59 en contra, sin abstenciones, gracias al respaldo del oficialismo y de parte de la bancada del Partido de la Gente, que no votó de manera alineada.
Entre los artículos ratificados figura el corazón de la reforma estrella del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz: la rebaja gradual del Impuesto de Primera Categoría desde el 27% al 23%, el fin de la reintegración del 35%, la exención de IVA a viviendas nuevas y las restricciones a nuevas instituciones de educación superior para acceder a la gratuidad.
También se aprobó, con 84 votos a favor y 61 en contra, la fórmula de invariabilidad tributaria acordada entre el Ejecutivo y el Senado, uno de los puntos que generó mayor controversia durante toda la tramitación.
La única norma que cayó definitivamente fue la exigencia de sala cuna, que el Senado había rechazado en su segundo trámite y que la Cámara ratificó este martes al votar en la misma línea. Al coincidir el rechazo en ambas cámaras, el artículo queda descartado sin posibilidad de revisión en comisión mixta.
Distinto es el caso de la compensación a los municipios por la eliminación de contribuciones a los mayores de 65 años, la única materia en que Cámara y Senado no lograron alinear sus posiciones.
La discrepancia obliga a conformar una comisión mixta, integrada por diputados y senadores, que deberá zanjar la fórmula definitiva antes de que el proyecto pueda darse por completamente despachado.
Si bien el Ejecutivo buscó evitar a toda costa la instancia puesto que significaba un retraso en la promulgación, la reflexión final fue que se logró evitar que la instancia toque temas más de fondo. Además, al sólo ser un punto en controversia, el periodo de funcionamiento de la mixta debería ser relativamente corto.
Ese punto pendiente es, sin embargo, solo la primera parte de lo que viene.
El Ejecutivo ha evitado hasta ahora comprometerse públicamente a vetar artículos específicos, pero en la antesala de la votación de este martes trascendió que la estrategia con más respaldo dentro del Gobierno era saltarse una comisión mixta extensa y pasar directamente a la fase del veto presidencial una vez despachado el grueso del proyecto.
Así lo confirmaron los jefes de bancada de Renovación Nacional y la UDI, Diego Schalper y Flor Weisse, que en un punto de prensa posterior a la votación señalaron que el Ejecutivo se comprometió a presentar más adelante vetos supresivos contra los mismos artículos que logró sacar adelante la oposición.
El mecanismo, contemplado en el artículo 73 de la Constitución, permite al presidente formular observaciones a un proyecto ya despachado por el Congreso, dentro de un plazo de treinta días y siempre que se relacionen con las ideas matrices de la iniciativa.
Un veto supresivo elimina directamente parte del articulado; si la Cámara y el Senado lo rechazan, de todos modos el artículo objetado se cae, salvo que ambas corporaciones reúnan dos tercios de sus votos para insistir en el texto original. En la práctica, esa exigencia le da al Ejecutivo una ventaja estructural sobre el Congreso en esta etapa final.
La jugada, no obstante, tiene un costo en plazos: el veto sólo puede presentarse una vez que el proyecto queda íntegramente despachado, es decir, después de que la comisión mixta resuelva la fórmula de compensación municipal.
Eso significa que, pese al despacho casi total logrado este martes, la megarreforma seguirá sin cerrar su tramitación al menos por otras dos semanas, entre el trabajo de la comisión mixta y la votación posterior de las observaciones presidenciales en ambas cámaras.
A eso se suma que la próxima semana es distrital, periodo en que los parlamentarios estarán volcados a sus regiones y distritos para constatar las consecuencias del sistema frontal.
De todas formas, la diputada Constanza Hube (UDI) presentó reserva de constitucionalidad sobre el artículo 22, que introduce el llamado derecho al olvido financiero, por considerar que la norma se aparta de las ideas matrices originales del proyecto.
La reserva no impide que el artículo siga su curso, pero deja planteada una eventual impugnación ante el Tribunal Constitucional en paralelo a los requerimientos que la oposición ya adelantó por otras materias de la reforma.
