La convivencia escolar suele instalarse en el debate público cuando ocurre un episodio grave de violencia. Sin embargo, gran parte de lo que determina un espacio adecuado para aprender sucede lejos de los titulares: en la posibilidad de comenzar las clases, en respetar un turno para hablar, en reconocer la autoridad de profesores y directivos o en resolver un conflicto antes de que escale. Para que una clase pueda desarrollarse no basta con que exista un profesor frente a sus estudiantes, también se requieren condiciones básicas de respeto, orden y normas compartidas, ya que, cuando estas se debilitan, la convivencia –que es parte fundamental de lo pedagógico- pasa a afectar directamente el principal propósito de la escuela: que todos sus alumnos puedan aprender y desarrollarse integralmente.
Hoy enfrentamos un deterioro menos visible que los episodios graves de violencia, pero mucho más frecuente en la experiencia cotidiana de estudiantes y docentes. Una aproximación a lo que ocurre diariamente dentro de la sala de clases se puede recoger con los cuestionarios del SIMCE 2024. En base a esos resultados se observa que solo la mitad de los alumnos considera que sus compañeros se tratan con respeto y cumplen las normas de convivencia. Las dificultades son aún más evidentes al observar las condiciones concretas en que se desarrollan las clases: apenas un 37% señala que existe un ambiente tranquilo para trabajar y solo un 29% que se mantiene el silencio necesario para aprender.
La percepción de los docentes, recogida de los mismos cuestionarios, refuerza este diagnóstico. En educación básica, solo un 48% considera que existe una cultura general de respeto hacia la autoridad docente o que los estudiantes respetan las normas y decisiones pedagógicas. En 6° básico, apenas un 38% indica que existe un ambiente propicio para el aprendizaje y un 39% que los estudiantes respetan los turnos para hablar. En otras palabras, para una proporción importante de profesores, lograr las condiciones mínimas para enseñar se ha convertido en una tarea que ocupa parte importante de la propia clase.
El problema no recae únicamente en docentes y estudiantes. Los resultados también muestran debilidades en el respaldo institucional. En educación básica, un 43% de los profesores declara recibir apoyo directo para resolver conflictos de manera pacífica y constructiva, y apenas un 39% considera que los equipos de convivencia entregan orientaciones oportunas para prevenir la violencia. Para muchos educadores, abordar conflictos continúa dependiendo más de esfuerzos individuales que de capacidades institucionales consolidadas.
Este desafío también se evidencia en los resultados de TALIS 2024, encuesta internacional de la OCDE aplicada a docentes. Más de un tercio de los profesores chilenos reporta ruido y desorden disruptivo frecuente en sus clases, frente a un 20% en el promedio de la OCDE. Además, quienes identifican el manejo de la disciplina como una fuente importante de estrés también reportan un menor cumplimiento de los objetivos de sus clases. El costo de este deterioro, por tanto, no se limita exclusivamente al malestar que produce, se traduce en tiempo pedagógico perdido y en menores oportunidades de aprendizaje.
Con todo, los resultados muestran una base sobre la cual avanzar. Cerca de 9 de cada 10 estudiantes declara sentirse respetado por sus maestros y percibe preocupación por su bienestar y aprendizaje, lo que constituye un punto de partida relevante, pues muestra que, incluso en un contexto complejo, el vínculo entre docentes y estudiantes continúa siendo un factor protector dentro de las comunidades educativas.
Frente a este escenario, la política de convivencia debe concentrarse en recuperar las condiciones necesarias para enseñar y aprender. Para ello, se requiere fortalecer la autoridad pedagógica y la capacidad de respuesta de cada establecimiento, mediante normas claras, respaldo a docentes y directivos, equipos de convivencia con recursos y formación, acompañamiento a los profesores que recién comienzan y una participación más activa de las familias.
En definitiva, mejorar el clima escolar no consiste únicamente en reaccionar cuando un conflicto alcanza mayor gravedad, sino en evitar que el desorden y las interrupciones se vuelvan parte habitual de la experiencia. Una escuela no cumple su propósito solo porque la clase figure en el horario: lo cumple cuando el profesor puede enseñar y los estudiantes cuentan con condiciones reales para aprender.
