Las reuniones entre el ministro Jorge Quiroz y Franco Parisi en Teatinos 120 se volvieron habituales en el transcurso de la tramitación de la Megarreforma. La escena es la cara visible de una relación que La Moneda ha ido tejiendo con el Partido de la Gente (PDG) y que, de cara a la agenda de seguridad, buscará profundizar.
Ese vínculo no se limita a los encuentros de Quiroz con el líder del PDG. Al interior del Ejecutivo, el ministro de la Segpres, José García, ha cultivado una relación fluida con la bancada, en particular con su jefe, Juan Marcelo Valenzuela, y con la diputada Zandra Parisi, hermana del fundador del partido.
Fue García, de hecho, quien tuvo a su cargo materializar el compromiso adquirido con el PDG en el primer trámite de la megarreforma: el ingreso del proyecto de devolución del IVA de pañales y medicamentos.
El fruto de esa relación fue el sólido triunfo del Gobierno en la megarreforma: cerró la tramitación con 90 votos en la Cámara y 26 en el Senado, una cifra que la oposición no logró torcer pese a sus ingentes esfuerzos; entre ellos, emplazar al PDG a desligarse del Gobierno.
La carta pendiente de la oposición para modificar ese número son los desafueros en curso contra tres senadores oficialistas —Flores, Calisto y Kusanovic—, sin plazo ni resultado asegurado.
Con la megarreforma despachada, La Moneda inicia una segunda etapa en la administración del presidente Kast con la seguridad como bandera —a cargo del ministro Martín Arrau— y con un desafío distinto al que enfrentó con la reforma económica: para su reforma constitucional en la materia necesitará 4/7 en ambas cámaras, un quórum que el Ejecutivo quiere aprovechar antes de que los propios desafueros lo alteren en el Senado, cámara por la que ingresará el proyecto.
Dos votos sellados y una bancada por conquistar
En la Cámara, el Gobierno da por prácticamente sellados dos votos que vienen del PDG para sacar adelante la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). Se trata de los diputados Javier Olivares y Cristián Contreras, este último suspendido de la bancada aunque continúa siendo militante del partido.
Ambos ya se distanciaron del bloque en votaciones como la del proyecto “Escuelas Protegidas”, cuando respaldaron la iniciativa del Ejecutivo pese al rechazo de sus propios compañeros.
Pero esos dos votos no alcanzan para el nuevo objetivo. La reforma constitucional que impulsa Arrau exige un respaldo mucho más amplio, y ahí el cálculo de La Moneda cambia: necesita a la bancada completa, no solo a sus disidentes.
Es la lógica detrás de los encuentros recurrentes entre Quiroz y Parisi, y de un vínculo que el Gobierno ha ido administrando con un tira y afloja permanente en proyectos clave, sin que eso se traduzca todavía en un alineamiento estable del bloque.
Consultado por EL DÍNAMO, el diputado Eduardo Cretton (UDI) plantea que la seguridad debería estar por sobre las divisiones políticas. “Cuando se trata de seguridad no deberían haber divisiones de izquierda, centro o derecha. La seguridad tiene que ser un tema de Estado y nosotros esperamos contar con todos aquellos que quieren vivir en un Chile más seguro. Eso incluye el PDG pero también a todas las fuerzas políticas que quieran sumarse”, señala.
El parlamentario UDI agregó que hasta ahora el Ejecutivo no ha tenido problemas para trabajar con la fragmentación del Congreso, y que los proyectos de seguridad votados hasta el momento han contado con un respaldo amplio.
Desde la propia bancada del PDG, su jefe, Juan Marcelo Valenzuela, describió en conversación con EL DÍNAMO la lógica con la que su partido enfrenta la relación con el Gobierno.
Descartó tanto la adhesión automática como el rechazo sistemático. En cambio, sostiene que el PDG revisa cada proyecto “medida por medida”, habilitando lo que consideran representa a un 20% del electorado y rechazando lo que perciben como retroceso en derechos sociales.
Sobre las críticas de la oposición al rol que ha jugado su bancada en la tramitación de la megarreforma, Valenzuela recuerda que fue “la mayoría de los chilenos” la que le dio la espalda al sector opositor en las urnas y lo emplazó a ofrecer soluciones concretas a la clase media en lugar de cuestionar al PDG.
El quiebre con la izquierda
El acercamiento con el Gobierno no se ha limitado a votos individuales.
En las últimas semanas hubo coordinaciones puntuales entre parlamentarios del PDG y el oficialismo, como en el proyecto de indultos a uniformados condenados por hechos del estallido social, que reunió la firma de 60 diputados oficialistas —entre ellos, representantes del PDG— además de republicanos, libertarios y de Chile Vamos.
El diputado Patricio Briones (PDG) enmarca ese posicionamiento como parte de una identidad que su partido busca consolidar desde el centro político, sin alinearse de forma automática ni con el oficialismo ni con la oposición. “No somos ni obstructivos, ni tampoco somos tan fanáticos, y eso nos está brindando buenos réditos”, afirma en conversación con este medio.
Briones acota que los cuestionamientos que reciben desde la izquierda operan, en los hechos, como un incentivo para que el PDG siga instalando su agenda propia, en momentos en que —dijo— parte de esas críticas también responden a la proyección presidencial de Parisi para 2026. “Nosotros somos simplemente pro buenas ideas, pro desarrollo, pro Chile”, resume el parlamentario.
Ese “giro” —calificado así por la izquierda que al inicio del mandato de Kast pactó con el PDG para hacerse con el control de la Cámara— no ha pasado inadvertido en la oposición.
El subjefe de bancada del PPD, Héctor Ulloa, fue categórico al ser consultado por EL DÍNAMO: califica al PDG como “un partido aliado del gobierno hoy día” y apunta que, gracias a su bancada, “la megareforma es una realidad”.
“Estamos en veredas opuestas. Mientras el PDG está buscando un posicionamiento propio a costa de la ciudadanía, nosotros estamos en una defensa importante de los derechos ciudadanos y, sobre todo, de los derechos laborales, previsionales, los derechos sociales que hoy día están en riesgo”, añade.
