Las modificaciones a la Constitución que pretende hacer el Gobierno en materia de seguridad bajaron de once a ocho. Pese a ello, la propuesta continúa generando ruido en el oficialismo y se avizora que el camino para conseguir los 4/7 necesarios para aprobar estas medidas será cuesta arriba.
Luego del comité político del lunes, los reparos en el oficialismo parecían haberse calmado. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien había adelantado durante el fin de semana que el gremialismo no respaldaría el proyecto, despejó a su salida que la agenda de seguridad “va a contar con un apoyo amplísimo en el Congreso, en las dos cámaras”.
No obstante, las modificaciones que hizo el Ejecutivo y que el ministro de Seguridad, Martín Arrau (REP) les adelantó, no bastaron para contener los reparos en sectores de la derecha. La presidenta y senadora de Renovación Nacional, Andrea Balladares, dijo a T13 Radio que aún hay “hartas dudas” en torno al proyecto, aunque reconoció que “hay espacio para mejorarlo”.
Entre los temas que generan reparos en el sector, según explicó, se encuentran “las inhabilidades a garantías constitucionales como salud, educación”. La medida a la que hacía alusión Balladares corresponde a una de las que había sido socializada antes con el oficialismo, que restringía prestaciones médicas a condenados por terrorismo durante 15 años, y que incluso fue objetada por la ministra de Salud, May Chomali. Aunque esta última requerirá de una ley de quórum calificada, se mantuvo la restricción a prestaciones en áreas como salud, educación y seguridad social que sean financiadas por recursos estatales.
Las alertas en la derecha por el Estado de Excepción
Desde RN, el senador Miguel Ángel Becker reconoció a EL DÍNAMO que aún hay alertas asociadas a las modificaciones a la Constitución, en particular a aquella que crea un nuevo Estado de Excepción.
Esta medida legal, a diferencia de los que ya están en la Carta Fundamental, tendrá una duración de 120 días prorrogables por otro periodo de la misma duración, sin necesidad de que ello sea aprobado por el Congreso. Entre otras disposiciones, incluye la presencia de las Fuerzas Armadas en ciertas zonas, toques de queda, interceptaciones telefónicas y requisiciones de bienes.
“Siempre hay que ser muy cuidadoso en esto. Hoy el presidente me da plena confianza de que esas herramientas se van a usar en forma criteriosa, pero ¿quién dice lo que va a ocurrir en cuatro, ocho, doce o veinte años más? Eso puede ser complejo”, advirtió Becker junto con mostrar su desacuerdo con que se incluya a las FF.AA. en labores de seguridad interior.
Una postura similar exhibió el presidente de la Cámara Jorge Alessandri en diálogo con radio Sonar. “Estas herramientas, cuando caen en malas manos, han sido mal utilizadas. ¿Chile las necesita? Sí. Yo se las daría al presidente Kast, feliz ¿Quiero que queden para siempre para que las ocupen presidentes en el futuro sin especificar o sin detallar? Me parece que hay que hacer una segunda discusión”, dijo.
Sin el PDG: el camino cuesta arriba para reunir los 4/7
Para hacer los cambios constitucionales que el Ejecutivo desea, necesita el respaldo de 4/7 de los parlamentarios en ejercicio. En simple, 89 votos en la Cámara de Diputadas y Diputados y 29 en el Senado.
Considerando a únicamente a Chile Vamos y el Partido Republicano, el Gobierno sólo cuenta con 24 votos en el Senado. Aún sumando la senadora Vanessa Kaiser (PNl) y su par del Movimiento Demócratas, Matías Walker, que dieron su apoyo a la megarreforma, faltan tres votos que el Ejecutivo deberá conseguir de independientes asociados a la oposición o los integrantes formales de este bloque.
Sin embargo, Walker ya calificó de “demencial” esta iniciativa la semana pasada. Esta jornada ratificó su rechazo, en especial hacia aquellas disposiciones constitucionales. “El ministro Martín Arrau nos propone un tercer debate constitucional para dividir a los chilenos”, manifestó en X. En Chile Vamos, tambalea el apoyo del senador Luciano Cruz-Coke, precisamente por lo relativo al nuevo Estado de Excepción.
En la Cámara el panorama se tornó complejo luego de que el secretario general y fundador del Partido de la Gente, Franco Parisi, dijera a radio Futuro este martes que “los votos del PDG” no están para las modificaciones constitucionales.
Por otra lado, el respaldo del Partido Nacional Libertario —no oficialista, pero parte de la derecha— aún está en duda. Luego de reunirse con el ministro Arrau el mediodía de este martes, el diputado Pier Karlezi aclaró que “llegamos a puntos de encuentro y a otros que tenemos que seguir discutiendo. Le dejamos clara nuestra postura de que no existe ningún apoyo a este Estado de Excepción, mientras no haya seguridad para quienes lo ejecutarán”.
Sin el PDG ni el Partido Nacional Libertario, el Gobierno está lejos de los 4/7. Solo cuenta con 68 respaldos oficialistas y con el apoyo de estos dos partidos, superaría por un voto los necesarios para aprobar las reformas constitucionales.
Oposición recurre al secreto bancario y reconoce “situación incómoda”
En la oposición ya preparan una agenda paralela a la del Gobierno para incidir en la discusión. Pese a que aún no han cerrado la puerta a la totalidad de la reforma de Arrau, ya mostraron su rechazo al nuevo Estado de Excepción, al registro de organizaciones criminales que elaboraría el Presidente con apoyo de la Fiscalía y que se sometería a aprobación del Senado, y a que se quiera elevar la seguridad a rango constitucional.
A juicio del diputado Jaime Mulet (FRVS) esta disposición daría paso a “un Estado autoritario, casi un Estado policial”. “Incluso creo que el gobierno sabe que es muy difícil que la aprueben. Pero pone a la oposición –de la cual formo parte– en una situación incómoda, porque si tú no apruebas te pueden tratar de responsabilizar de que no bajan los problemas de seguridad y delincuencia”, reconoció.
“Va en la línea de lo que han impulsado otros gobiernos autoritarios en el mundo —estoy pensando en Estados Unidos— para hacer una especie de lista negra. Va en la línea del Registro de Vándalos, de criminales que pierden acceso a beneficios sociales, ahora una lista de organizaciones políticas consideradas terroristas. Creo que estamos entrando en una erosión democrática”, alertó el diputado Jaime Bassa en diálogo con El Mostrador.
El diputado Juan Luis Castro (PS), por otro lado, cuestionó que el Estado de Excepción permita prescindir de la autorización de un juez para interceptar comunicaciones telefónicas y no para levantar el secreto bancario, una medida que han impulsado desde ese sector. “Para unas cosas el juez sirve y para otras no. El secreto bancario solo con juez, pero para interceptar no. ¿Entonces en qué quedamos?”, cuestionó.
