A las voces que cuestionan la reforma constitucional de seguridad, se suma el senador Miguel Ángel Becker (RN). Si bien el legislador oficialista asegura que votará a favor, también hace ver ciertos aspectos del articulado deben ser subsanados. En particular, Becker se refiere al apartado de la reforma que instaura un nuevo estado de excepción de seguridad pública y que deja la puerta abierta a que las Fuerzas Armadas —de manera inédita— se hagan parte del combate al crimen organizado.
—¿Es positivo su balance de la reforma presentada o esperaba otra cosa?
—Lo he dicho en otras ocasiones. Sin perjuicio de que voy a analizar los temas que vaya presentando nuestro Gobierno, siempre voy a estar disponible a apoyar todas las medidas que hay en relación a la seguridad, el combate al narcotráfico, el combate al crimen organizado. Yo no me pierdo ni un minuto en que debemos estar siempre disponibles para poder actuar con mucha fuerza en contra de este flagelo.
—En el oficialismo llamaron a que esta fuera una reforma acotada y quirúrgica. Viendo lo que finalmente presentó el Ejecutivo, ¿se cumplieron estos criterios?
—Ese es un aspecto que dentro de la propia discusión en el Senado y en la Cámara de Diputados vamos a poder ir eventualmente corrigiendo, si es que nos parece que hay cosas que hay que mejorar. Siempre toda obra humana es factible ser mejorada y en ese sentido yo espero que podamos aportar lo nuestro en el Congreso.
—¿Y qué se debería mejorar en esta reforma?
—Me preocupa la propuesta relacionada a la utilización de las Fuerzas Armadas en el nuevo estado de excepción que se propone. Las Fuerzas Armadas no deberían continuar actuando como parte del orden interior, sino que sean reforzados Carabineros y la Policía Investigaciones con mayor capacitación y preparación para cumplir esa labor. Debemos apuntar a elevar la dotación de Carabineros, con armamento superior a lo que tienen los delincuentes hoy día, y que sean las policías las que estén en condiciones de trabajar en contra del crimen organizado.
—En el articulado no se menciona qué institución va a estar a cargo del nuevo estado de excepción. En el borrador se mencionaba, por ejemplo, a Carabineros. ¿Le preocupa que no haya quedado aclarado ese punto?
—Espero que podamos resolverlo pronto. Esto lo vamos a tener que discutir primero dentro del equipo de senadores de Renovación Nacional, pero también espero que podamos escuchar a Carabineros, a la Policía de Investigaciones y a las propias Fuerzas Armadas. Ayer me reuní con el director general de la PDI; hace una semana, con el general director de Carabineros; hace un mes, con el comandante en jefe del Ejército. Y, dentro de un ámbito más bien reservado, hemos tocado varias veces estos temas relacionados con lo que viene.
—Usted proviene del mundo de las FF.AA. donde la conclusión extendida es que no están las condiciones para hacerse parte del combate al crimen. ¿Cree que al Gobierno le ha costado entender eso que las propias Fuerzas Armadas han planteado?
—El Gobierno va a tener que escuchar a las Fuerzas Armadas si quiere asignarles algún tipo de responsabilidad adicional. Si no existen normas claras del uso de la fuerza, si no existe el apoyo político, en mi opinión las Fuerzas Armadas no deben salir a combatir el crimen organizado. Las Fuerzas Armadas están preparadas para lo que llamamos “combate en localidades” —actuar dentro de un conflicto urbano—; yo fui oficial de Ejército, así que es un tema que conozco. Pero normalmente aquí se actúa contra personas muy violentas, con bombas molotov, piedras, fierros y palos, y yo creo que eso le corresponde a Carabineros, que debe actuar con mayor severidad, con mucha más energía y mucha más fuerza.
Facultades presidenciales y control del Congreso
—También se plantean mayores atribuciones para el Presidente: interrumpir un catálogo de derechos por un período de 120 días, que el Presidente podría extender sin previo acuerdo con el Congreso por otros 120 días más. Esa herramienta parece una amplia habilitación de facultades para el Presidente. ¿Qué le parece?
—Siempre hay que ser muy cuidadoso en esto. Hoy el presidente me da plena confianza de que esas herramientas se van a usar en forma criteriosa, pero ¿quién dice lo que va a ocurrir en cuatro, ocho, doce o veinte años más? Eso puede ser complejo. Entonces, aunque estamos en un país con un régimen presidencialista, las atribuciones del presidente tienen que estar sometidas al control y la fiscalización del Congreso Nacional, de manera que esto no dependa de una sola persona. Porque a partir de ahí puede transformarse en otra cosa.
—O sea que usted apostaría a que, si efectivamente se le entrega esa herramienta al presidente, tiene que haber un control más presente del Congreso.
—Eso es lo que yo creo. El Congreso no debería perder la facultad de fiscalizar, controlar y someter a escrutinio las decisiones del Presidente, de manera que quienes somos representantes de la ciudadanía tengamos también la voz para decir “esto sí, esto no, esto nos parece”. Creo que hay que hacer un esfuerzo en ese sentido.
—¿Le parece que este instrumento sería más eficaz que el estado de excepción que hoy rige en la Araucanía?
—El estado de excepción que hoy rige en la Araucanía nos ha dado, en mi opinión, buenos resultados. Ojalá pudiéramos terminarlo pronto, pero mientras no logremos detener a todos los delincuentes terroristas que están actuando —hoy especialmente a los cabecillas— no va a ser posible ponerle fin. Lo que sí espero es que el estado de excepción se comience a acotar: de las 32 comunas incluidas, hay algunas sin acciones delictuales, y esas deberían salir.
—Lo que más ha generado controversia de la reforma es la pérdida de derechos en salud para condenados por crimen organizado o terrorismo, que podría significar pérdida de prestaciones de urgencia o comprometer la salud de terceros. ¿Cree que falta un ajuste para que sea más preciso?
—Ahí vamos a tener que revisar bien esa norma. Si un delincuente sufre un infarto y llega a un centro asistencial, es probable que tengamos que atenderlo; esa es la verdad. Pero lo que creo que tenemos que hacer, como sociedad, es que quienes andan asesinando, robando, cometiendo acciones delictuales, tengan las cosas claras: si usted se dedica a meterse en una organización terrorista, trafica drogas, mata o secuestra personas, esta va a ser su sanción. Para mí, ojalá esa persona esté en la cárcel, y ahí se le dará el trato que corresponde a un delincuente feroz, como lamentablemente tenemos hoy en nuestro país.
—Esa norma constitucional, ¿podría habilitar otra discusión, como la que hubo con el registro de vándalos?
—Se va a tener que discutir de todo, poner todos los aspectos sobre la mesa y tomar la mejor decisión. En mi opinión es un tema complejo porque no quisiera darle ninguna consideración a un delincuente que tampoco tuvo ninguna con sus víctimas —sicariato, secuestro, extorsión, robo—, y sin embargo también me complica si ese mismo terrorista llega con un infarto a un centro asistencial, ¿lo vamos a dejar morir en la puerta? Creo que no. Pero las personas que le hacen daño a los demás no tienen por qué acceder de la misma forma a los medios del Estado, que siempre son escasos para resolver los problemas.
—Pensando en lo político, ¿la reforma, en su estado actual, cuenta con su voto? Y, dado que esto requiere cuatro séptimos, ¿están los votos para aprobarla?
—Mi Gobierno va a contar siempre con mi voto, de acuerdo a lo que podamos conversar y plantear cuando existan cosas que a mí me parezca que hay que modificar o mejorar. Espero que en todo lo relacionado con la seguridad, con la acción contra el terrorismo y el crimen organizado, estén siempre los votos del resto de los senadores y diputados para lograr los cuatro séptimos que correspondan.
—La oposición se ha mostrado muy en contra de esta reforma, y un voto que se podría calificar de clave, el senador Matías Walker, dijo: “no cuenten conmigo para esta locura”. ¿No cree que el Gobierno se arriesga a estancar la agenda de seguridad con la discusión de esta reforma constitucional?
—Espero que, una vez que podamos sentarnos a la mesa con el Gobierno, podamos conversar y buscar el mejor de los consensos. Matías Walker es una persona que ha hecho un tremendo aporte en el Senado, con la experiencia y el trabajo de muchos años. Vamos a tener que escucharlo también, de manera de contar con su voto para este tipo de acciones.
