Despachar casi treinta proyectos antes de Navidad o, a más tardar, antes de que termine el año. Esa fue la meta que el Gobierno se fijó cuando presentó la ACOT. Pero a casi dos meses de su lanzamiento, el calendario se le ha puesto cuesta arriba. La realidad en el Congreso ha sido más compleja que el cálculo inicial, y en el oficialismo ya se instala la preocupación por no llegar a tiempo.
El ejemplo más patente es la reforma constitucional de seguridad, el corazón de la agenda, que La Moneda confirmó esta semana que retirará. En su lugar avanzará una “reforma 2.0”, consensuada en la comisión de Constitución por los senadores Andrés Longton (RN), Arturo Squella (REP) y Pedro Araya (PPD).
La propuesta se aleja de la idea inicial del Gobierno: elimina un nuevo estado de excepción, no entrega nuevas facultades al presidente de la República y remite a leyes materias antes consideradas a nivel constitucional, como el registro de bandas dedicadas al crimen organizado.
El cambio, además, implica semanas de retraso. El proyecto aún debe pasar por la comisión de Seguridad del Senado y por la Sala, y solo después llegaría a la Cámara de Diputados, donde el Gobierno deberá negociar con fuerzas que no tienen representación en el Senado.
Otras iniciativas también han tenido dificultades. La reforma constitucional que amplía el plazo de detención de migrantes con orden de expulsión pendiente fue rechazada por un voto en la Cámara, lo que normalmente impediría volver a tramitarla durante un año.
Sin embargo, el Ejecutivo insistirá en el Senado con el mecanismo constitucional que permite reactivarla con apoyo mayoritario de los senadores. La presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez (RN), logró bajar el quórum requerido de 33 a 29 votos, pero el revés igualmente significará varias semanas de retraso.
Algo similar ocurre con la ley anti barricadas 2.0. El diputado Raúl Leiva (PS) logró aprobar un artículo que blinda la protesta pacífica y que, a ojos del oficialismo, afecta el espíritu del proyecto. Si el Ejecutivo decide eliminarlo, la iniciativa tendría que volver a la Cámara de origen y podría llegar incluso a una comisión mixta.
Agenda de seguridad con retraso
Así las cosas, los equipos técnicos parlamentarios estiman que, con el ritmo actual, es difícil llegar con toda la agenda despachada a fin de año. A eso se suma que noviembre estará copado por el trabajo legislativo de la ley de presupuesto, presentada este miércoles por el Presidente Kast.
Los ojos están puestos en la gestión de los ministros José García Ruminot (Segpres) y Martín Arrau (Seguridad). Al primero se le atribuye el más reciente tropiezo en la reforma migratoria. El segundo levantó reparos por expresar su falta de interés en asistir al Congreso a tramitar los proyectos de su cartera.
Consultado por EL DÍNAMO, el jefe de bancada del PDG e integrante de la comisión de Seguridad, Juan Marcelo Valenzuela, sostuvo que el Gobierno “ha perdido impulso en la conducción legislativa de su agenda” y que los últimos traspiés “muestran problemas de coordinación política que el Gobierno debe corregir”.
Valenzuela cree que “todavía es posible avanzar de manera importante, pero con el ritmo actual veo difícil asegurar el despacho de toda la agenda antes de fin de año”.
En el oficialismo, el diputado Eduardo Cretton (UDI), también integrante de la comisión de Seguridad, mantiene el optimismo.
“La ACOT es una agenda mucha más grande que solo la reforma constitucional, son más de 20 proyectos que están avanzando a un buen ritmo”, afirma.
Y agrega que “ninguna agenda sale de la cámara tal como entró porque para eso está el Congreso, para discutir y deliberar”, aunque lamentó que algunos aspectos “se hayan caído por errores nuestros más que por virtudes de los adversarios”.
Por ahora, el Ejecutivo logró un compromiso de los presidentes de comisiones clave, como Constitución y Seguridad, de dar prioridad a los proyectos de la ACOT, tras una reunión con el mandatario.
El mismo mensaje fue extendido a los presidentes de ambas cámaras, Jorge Alessandri (UDI) y Paulina Núñez (RN).
