El ministro de Justicia, Fernando Rabat, se presenta este miércoles ante la Cámara de Diputados para explicar los decretos de rebaja de condena firmados por su cartera, entre ellos 56 a condenados por delitos sexuales contra menores. La sesión especial, que comienza a las 15:00 horas, es para Rabat una prueba de fuego.
El ministro llega a la instancia con la confianza de haber sido ratificado el lunes por el Presidente José Antonio Kast, pero con parlamentarios del propio oficialismo pidiendo su salida y con una acusación constitucional en camino.
Hoy, el vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, descartó un cambio en la postura del Ejecutivo y puso la esperanza de La Moneda en la exposición del ministro.
“Más que un llamado al orden, porque esto no es un regimiento, yo espero que los parlamentarios escuchen detenidamente todo lo que tiene que decir el ministro de Justicia hoy día en la sesión especial. Su presentación va a ser clarísima, y yo espero que, con buena fe, queriendo escuchar los argumentos del ministro, muchos de los parlamentarios que apoyan al Gobierno se van a convencer de lo injusto que sería presentar una acusación constitucional, respetando por supuesto las atribuciones que tiene la Cámara”, dijo Arenas desde el palacio presidencial.
La apuesta del Gobierno y Rabat enfrenta un escenario adverso. La oposición dio plazo hasta hoy para que el ministro dé un paso al costado, y de lo contrario presentará una acusación constitucional.
El jefe de la bancada DC, Jorge Díaz, confirmó que su partido avanzará en esa dirección junto al resto de la oposición. “En la medida que van pasando las horas y vamos conociendo nuevos antecedentes respecto de las decisiones que ha tomado el ministro de Justicia y el subsecretario (…) nos hemos dado cuenta que la gravedad de los hechos amerita que se avance en una acusación constitucional”, afirmó esta mañana.
Díaz agregó que durante la sesión se darán a conocer los plazos para presentar el libelo mientras que las bancadas de izquierda esperarán a escuchar al ministro antes de formalizarlo, aunque la decisión, en los hechos, está tomada.
El problema para el Gobierno es que la presión ya no viene solo desde la vereda opositora. La senadora y jefa de bancada de RN, María José Gatica, se retiró el lunes del comité político ampliado en La Moneda cuando se abordó el tema. Ayer aseguró no estar de acuerdo con la “liviandad” con que se trató y pidió directamente la salida del ministro: “Esperaba que el ministro de Justicia asumiera el costo político, que diera un paso al costado”.
Su postura abrió una fisura en el comité de senadores de RN, donde el subjefe, Andrés Longton, renunció a ese cargo, como lo adelantó ayer EL DÍNAMO.
Si bien el grueso del oficialismo ha llamado a la calma y los presidentes de partido han intentado contener las críticas hacia adentro, la derecha se ha transformado en una olla a presión.
Varios dirigentes advierten que no solo La Moneda paga los costos políticos de una crisis especialmente sensible, por vincularse a la vulneración de derechos de niños, sino que ellos y el sector también se ven afectados. Algunos llegan a decir que se está generando un “estigma” que podría repercutir incluso en las próximas elecciones.
Ante ese análisis de fondo, parlamentarios de Chile Vamos han salido a desmarcarse de Rabat e incluso deslizar apoyo a una eventual AC en su contra. Ese es el caso del diputado Hotuiti Teao (Ind.-UDI) quien afirmó que, de presentarse hoy una acusación constitucional contra el ministro, votaría a favor de la iniciativa.
“Cuando nosotros ponemos en el centro a niños, niñas y adolescentes que justamente han sido vulnerados en sus derechos y principalmente les han jodido la vida, es que justamente hay que ser duros, hay que ser firmes y hay que tener una sola postura”, dijo en T13 Radio.
El diputado UDI Omar Sabat, en tanto, afirmó que “el ministro Rabat tiene que dar un paso al costado porque esto está perjudicando al gobierno en general” y agregó que “esto es un error garrafal. No hay que olvidar que hay niños y jóvenes involucrados, y hay que protegerlos”.
La diputada Marlene Pérez (independiente-UDI) planteó que “acá es intransable la infancia” y que “la lealtad nuestra tiene que estar con los niños”. Y aunque dijo esperar que no sea necesario llegar a una AC, reforzó la idea de que el Ejecutivo debe asumir la responsabilidad política.
El diputado RN Eduardo Durán no adelantó postura sobre el libelo, pero pidió que “por el bien del país, tome la decisión y se aleje del cargo”.
