Luis Cordero, ex ministro de Seguridad Pública y de Justicia, rebatió los argumentos jurídicos esgrimidos por el actuar titular de la cartera, Fernando Rabat, para conceder por vía administrativa la rebaja de condena a 56 violadores y abusadores de niños.
En entrevista con Estado Nacional, Cordero planteó que “yo creo que, habitualmente, la pregunta es, ¿a qué debe ser leal en la aplicación de la ley una autoridad? Al texto y al propósito del Congreso”, haciendo alusión a la norma aprobada en 2022 que excluía de este beneficio a condenados por delitos sexuales contra menores.
En esta línea, el ex ministro dejó ver que la evaluación para acceder a este privilegio debe centrarse en los requisitos vigentes al momento de postular y no la fecha en que se cometió el delito y “es una ley dictada con el propósito deliberado de aplicar, de producir la rebaja de condenas en ese caso”.
Para Luis Cordero, Fernando Rabat “ha sostenido una interpretación. Yo creo que esa interpretación jurídica, por las razones que ha expuesto, no se compadece con el texto de la ley”.
“Una cosa es estar de acuerdo con una interpretación que se resuelve en tribunales. Y otra es a qué debe ser leal una autoridad al momento de aplicar la ley. Y eso es al texto y al propósito del Congreso”, puntualizó el ex secretario de Estado.
Luis Cordero dejó ver que esta controversia reveló el problema que existe en materia de ejecución de penas y acceso a beneficios penitenciarios, por lo que llamó a avanzar sobre este punto en el Congreso.
“Si ustedes me preguntan a mí, técnicamente, ¿cuál es la manera de seguir evitando esta disparidad de interpretaciones para cumplir el propósito de la legislación aprobada por el Congreso en estos beneficios? Es la ley de ejecución de penas. No hace falta una nueva ley“, argumentó.
Junto con ello, mostró sus reparos a una eventual acusación constitucional en contra de Fernando Rabat para establecer un punto político.
“Soy muy crítico del uso de las acusaciones constitucionales como un medio de derribar a un adversario político. La administración anterior fue víctima de un uso abusivo de las acusaciones constitucionales”, aseveró Luis Cordero.
Pero Cordero también apuntó al anuncio del Ministerio de Justicia de postergar indefinidamente la entrega del beneficio: “Cuando una persona está privada de libertad, el deber de las autoridades es resolver rápidamente, positiva o negativamente, pero tiene que resolver. De hecho, yo creo que el ministro Rabat está asumiendo un riesgo jurídico al suspender, porque tiene la obligación de resolver”.
