Casi dos horas duró la reunión de los jefes de bancada y líderes de la oposición, y la conclusión fue la misma que hace una semana: la acusación constitucional (AC) contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, se presentará, pero aún no hay luces del texto ni de cuándo ingresará.
La cita comenzó a las 11 horas en la sede de Santiago del Congreso Nacional. En ella se abordó el mérito jurídico del libelo y se coincidió en la dificultad de esgrimir argumentos debido a la falta de antecedentes concretos, más allá de lo que ha salido en la prensa, algo que los diputados hicieron ver a la salida.
El exministro de Justicia Jaime Gajardo (PC), uno de los encargados del texto, detalló que se analizan tres o cuatro capítulos, entre ellos una eventual infracción a la ley de rebaja de condenas de 2022, el incumplimiento de convenciones internacionales sobre derechos de la infancia y una posible falta a la probidad. “El gobierno no le puede entregar información errónea a la Cámara de Diputados, bajo ninguna circunstancia”, afirmó.
El jefe de bancada del PS, Raúl Leiva, aseguró que la reunión “tiene un objeto dentro del cronograma establecido por las bancadas de la oposición”, y recordó que la acusación es “un trabajo importante que requiere responsabilidad y rigurosidad por las materias que trata y por las consecuencias jurídicas que puede tener”.
Sobre la fecha, sin embargo, no hay novedades: “Vamos a seguir trabajando, la vamos a presentar por cierto, y ustedes se van a enterar cuando la anunciemos públicamente todas las bancadas de la oposición de manera coordinada”, dijo Leiva.
Consultado por la principal infracción, Leiva respondió que “lo van a conocer en el momento en que se presente”, pero sostuvo que “tenemos la convicción no sólo política, ética, sino que jurídica, que aquí hay una transgresión clara a la ley y a la Constitución”.
Y lanzó una exigencia al Ejecutivo: “Lo que le exigimos al Gobierno es que transparente la situación y entregue los decretos”.
La solicitud de Leiva tiene relación con lo que la oposición califica como el principal problema para redactar el libelo: la falta de antecedentes concretos y detallados de los decretos firmados por Rabat y su equipo.
La jefa de bancada del PPD-Independientes y vicepresidenta del PPD, Andrea Parra, apuntó en esa dirección. “No seamos ingenuos, aquí ha habido una estrategia concertada del Gobierno para ir dilatando la entrega de información, y así retrasar esta acusación constitucional que los tiene tan complicados”, afirmó.
Con todo, en el sector se ha instalado la duda sobre si se obtendrá el respaldo. Algunos comentan que mientras más se retrase la presentación, el momentum podría debilitarse y el oficialismo podría alinear a sus bancadas.
El senador PPD Ricardo Celis ya había reconocido el problema: “Si tú anuncias algo tienes que hacerlo, se han demorado más de la cuenta”.
Cómo se arma el oficialismo para resistir el embate
Mientras la oposición afina el texto, el oficialismo busca ordenarse.
La noche del miércoles, la comisión política de la UDI, reunida de emergencia, publicó una declaración en que rechazó por unanimidad la AC: “No existen fundamentos constitucionales ni legales que justifiquen la presentación de una acusación constitucional”.
El texto atribuye la postergación a la “falta de mérito y fundamento jurídico”, acusa a los impulsores de “instrumentalizar el dolor ajeno” y califica a los partidos del Socialismo Democrático como “verdaderos vagones de cola” de la extrema izquierda.
En el sector interpretan el documento como un mensaje a los independientes de la bancada, luego de que nombres como Hotuiti Teao, Macarena Santelices y Marlene Pérez se abrieran a estudiar el libelo.
La misiva, además, se da en un contexto en que cerca de la mitad de los 19 diputados de la UDI no había comprometido su rechazo a la AC, y algunos plantearon que la salida de Rabat podría descomprimir la crisis.
En Renovación Nacional, mientras, se ha intentado contener a las fuerzas propias con un relato crítico del Gobierno, pero procurando no caer en el juego de la oposición.
La presidenta del partido, Andrea Balladares, afirmó esta semana que “esta crisis ha dejado en evidencia algunas falencias, tanto políticas como comunicacionales”, aunque precisó que RN no ha pedido la renuncia de Rabat y que esa decisión corresponde al Presidente.
Desde el Gobierno y Republicanos, la apuesta es que los números no alcanzan. Kast ya había emplazado a la oposición señalando que “han tenido una semana para presentar la acusación constitucional, no lo han hecho”.
Las cuentas opositoras son ajustadas: según estimaciones de comienzos de la semana pasada, la oposición parte con 65 respaldos y, con asistencia completa de los 155 diputados, necesitaría 78. El PDG, con 14 diputados, es la llave.
Esa aritmética explica por qué el calendario importa. “Cada día que pasa sin presentarse esa acusación constitucional es un argumento más para creer que la oposición con esto solo busca montar una teleserie política”, dijo esta semana el vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas.
