La Comunidad Atacameña de Peine obtuvo un importante respaldo judicial luego de que el Primer Juzgado de Letras de Calama rechazara gran parte de una demanda presentada por dos abogados que buscaban cobrar más de US$4 millones en honorarios vinculados al acuerdo alcanzado en el caso por daño ambiental contra Minera Escondida, Albemarle y Minera Zaldívar.
La acción judicial fue interpuesta por los abogados Marcel Didier y Ronald Sanhueza, quienes reclamaban el pago de honorarios variables asociados a la conciliación lograda ante el Primer Tribunal Ambiental, además de 120 UF correspondientes a servicios profesionales previamente pactados.
Sin embargo, el tribunal concluyó que la única obligación actualmente exigible corresponde precisamente a esas 120 UF, monto que había sido reconocido por la propia comunidad durante el proceso. Por ello, ordenó su pago junto con los intereses que correspondan una vez que la sentencia quede ejecutoriada.
La controversia se remonta al histórico acuerdo alcanzado en 2024 para poner fin a las demandas por daño ambiental en el acuífero Monturaqui-Negrillar-Tilopozo. El pacto comprometió medidas valorizadas en más de US$90 millones y contempló una serie de beneficios destinados a la Comunidad Atacameña de Peine.
El acuerdo
Respecto de la millonaria suma reclamada, la resolución establece que el contrato suscrito entre las partes condicionaba expresamente cualquier pago variable a la existencia de recursos o transferencias de libre disposición para la comunidad. Según el fallo, dicha condición constituye un elemento esencial del acuerdo y debía verificarse antes de hacer exigible cualquier cobro.
Los demandantes argumentaban que tenían derecho a recibir un porcentaje de los beneficios obtenidos durante la negociación ambiental, equivalente al 5% de la oferta inicial de compensación y al 15% de los incrementos alcanzados posteriormente. Bajo ese criterio, calcularon una deuda superior a los US$4,1 millones.
No obstante, el tribunal desestimó esa interpretación, rechazando la pretensión en los términos planteados por los abogados. La decisión representa un alivio para la Comunidad Atacameña de Peine, que durante el juicio sostuvo que el monto reclamado resultaba desproporcionado en relación con los recursos efectivamente percibidos tras la conciliación.
