En medio de la discusión sobre la regulación de las apuestas online en Chile, Cecilia Valdés, presidenta de la Asociación Chilena de Casinos y Juegos (ACCJ), abordó los principales desafíos que, a juicio del gremio, enfrenta actualmente la industria y los cambios que deberían incorporarse al proyecto de ley que se tramita en el Senado.
En entrevista exclusiva con Apuesta Legal Chile, realizada a inicios de agosto de 2026, Valdés señaló que durante los primeros cuatro meses del año los casinos autorizados registraron ingresos 20% inferiores y casi 30% menos visitas que en el mismo período de 2019.
La presidenta de la ACCJ atribuyó este escenario, entre otros factores, al crecimiento de las plataformas de apuestas online y del juego físico ilegal, que, según sostuvo, no están sometidos a las mismas exigencias regulatorias, tributarias y de fiscalización que los operadores autorizados.
El debate por el IVA a las apuestas online
Uno de los principales puntos abordados fue el mecanismo que permite a plataformas extranjeras inscribirse y pagar IVA en Chile.
Para Valdés, la tributación debería formar parte de una regulación más amplia que determine quién puede operar, bajo qué condiciones y con qué mecanismos de fiscalización.
“El pago de impuestos no reemplaza una autorización para operar”, sostuvo en declaraciones con Apuesta Legal Chile.
Según explicó, el cumplimiento tributario por sí solo no aborda materias como la protección de usuarios y menores, la identificación de los responsables de las plataformas, la trazabilidad de los recursos, el juego responsable o la prevención del lavado de activos.
Valdés indicó además que la ACCJ consultó a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y que estas plataformas actualmente no son sujetos obligados del sistema de prevención de lavado de activos, condición que tendría que establecerse por ley.
En ese contexto, el gremio plantea fortalecer la coordinación entre la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), la UAF y el Ministerio Público, además de tipificar expresamente el juego ilegal como delito base de lavado de activos.
Las propuestas de la ACCJ para la regulación
La ACCJ identifica tres cambios principales para el proyecto de ley.
El primero es reducir las asimetrías regulatorias y tributarias entre el juego físico y el online. Entre sus propuestas se encuentra eliminar para los casinos físicos el impuesto de entrada de 0,07 UTM y el recargo adicional de 1% destinado a juego responsable.
El segundo es establecer reglas equivalentes para ingresar al mercado. El gremio propone que los casinos físicos autorizados puedan operar también online utilizando su licencia original y que las plataformas que hayan operado previamente sin autorización enfrenten un período de exclusión antes de solicitar un permiso.
El tercer eje busca fortalecer las capacidades de fiscalización de la SCJ y su coordinación con organismos como el Ministerio Público, la Fiscalía Nacional Económica, el Servicio de Impuestos Internos, Subtel, la Comisión para el Mercado Financiero y la UAF.
Respecto de una eventual entrada de los actuales casinos al mercado digital, Valdés señaló que la ACCJ propone un modelo de omnicanalidad, aunque manteniendo una separación entre ambas modalidades: las plataformas exclusivamente digitales no deberían poder instalar locales, terminales o mecanismos de atención presencial.
El nuevo bloqueo por DNS
La entrevista también abordó la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago del 7 de agosto, que estableció un procedimiento permanente y actualizable para bloquear por DNS plataformas que operen sin autorización, con la SCJ a cargo de validar los dominios correspondientes.
Valdés valoró que la Superintendencia cuente con herramientas para actuar no solo frente a operadores autorizados, sino también contra quienes funcionan fuera del sistema regulado.
El nuevo mecanismo permite incorporar posteriormente dominios, subdominios, redirecciones y sitios derivados una vez identificados y validados, sin tener que iniciar nuevamente todo el procedimiento judicial.
Sin embargo, la presidenta de la ACCJ sostuvo que el bloqueo no reemplaza la necesidad de aprobar una regulación integral.
Para el gremio, la coexistencia entre el bloqueo de plataformas sin autorización y los mecanismos tributarios que permiten recaudar IVA de ellas evidencia la necesidad de que las instituciones del Estado actúen bajo un criterio común.
Valdés planteó que una futura regulación debería conseguir que una mayor proporción de la actividad se canalice hacia operadores autorizados y fiscalizados, reducir el espacio del mercado ilegal, proteger a usuarios y menores, garantizar la trazabilidad de los recursos y contar con capacidad para adaptarse a los cambios tecnológicos.
Desde la perspectiva de la ACCJ, Chile debe avanzar en paralelo en el cumplimiento de las decisiones judiciales y en una legislación que establezca con claridad quiénes pueden operar, bajo qué condiciones y con qué mecanismos de fiscalización.
