Una reja metálica alta separa el mundo exterior y sus urgencias del Centro Metropolitano Norte de Justicia Juvenil. El camino que lleva hasta estas instalaciones, un desvío de la Ruta 5 Norte, está flanqueado por una extensa granja de paneles solares. A la distancia, desbordando los cerros pelados, se distingue un relave minero. Hace un calor de los mil demonios. No muy lejos queda Punta Peuco.

Un gendarme flanquea el ingreso sin hacer preguntas. En el estacionamiento nos recibe una funcionaria morena y delgada. Lleva un vestido floreado, un chaleco de seguridad rojo y un walkie-talkie con el volumen a tope. Faltan pocos días para que cierre el Servicio Nacional de Menores, Sename, tras 46 años de funcionamiento. En pocas horas, este recinto pasará a manos del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Es primera vez que un servicio estatal cierra sus puertas. Pero adentro no se sabe de hitos. Tampoco de legados o conformación de gabinetes. Las horas transcurren pegajosas a la espera de que los engranajes del sistema judicial concedan un beneficio, un atisbo de eso de lo que tanto les vienen hablando, eso que llaman reinserción.

Un pasillo largo conduce hacia el interior. Lo primero que aparece es una barbería. Un joven de unos 17 años rasura meticulosamente la cabellera de otro interno. Alzan la mirada un momento, saludan educadamente y se enfrascan nuevamente en su mundo. Más adelante hay un taller mecánico. Tres adolescentes trabajan en el cableado de una pieza metálica que se usa en camiones mineros. El taller es iniciativa de Komatsu Cummings a través de la Fundación Reinventarse. Varios de los internos de Til Til aprendieron en esta sencilla estación de trabajo un oficio que hoy les permite emplearse, de lunes a viernes y con salario, en las instalaciones de Komatsu en Quilicura. Y esa es la esperanza de los tres muchachos que se esmeran en explicar cómo es que saben dónde va cada cable y cómo es que se debe proceder en el complejo asunto de clasificar pernos y tornillos. A veces hay que estar el día completo con el asunto de los pernos, dice el que parece liderar el equipo. Debe ser un poco aburrido, digo sin pensar. Sin pestañar, haciendo caso omiso de mi frívola estupidez, el chico responde: No, señor, no existe ningún trabajo aburrido.

¿Por qué cierra el Sename?

El Servicio Nacional de Menores fue creado en 1979 y comenzó a operar en 1980. Durante 46 años concentró en una misma institucionalidad la protección de niños y niñas vulnerados en sus derechos y la intervención con adolescentes y jóvenes infractores de ley.

A lo largo de esas cuatro décadas, el servicio estuvo marcado por controversias graves. Muertes de niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Estado, denuncias de maltrato, negligencias reiteradas, fugas, incendios y fallas estructurales en los centros expusieron de manera recurrente las limitaciones del sistema. El caso de Lissette Villa, una niña de 11 años fallecida en 2016 al interior de un centro de protección en Santiago, se convirtió en un punto de inflexión del debate público y evidenció problemas que venían siendo advertidos desde mucho antes por organismos fiscalizadores, tribunales y comisiones investigadoras.

El consenso del momento apuntó a que la protección de la infancia vulnerada y la intervención con adolescentes infractores de ley requerían modelos, equipos y lógicas de trabajo distintas, algo que el Sename no logró resolver bajo una misma estructura. La reforma aprobada durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet estableció una separación formal de funciones: la protección especializada de niños, niñas y adolescentes quedó radicada en el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), mientras que la justicia juvenil pasó a una nueva institucionalidad con mandato exclusivo en reinserción social.

En ese marco se creó el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que reemplazó al Sename en la atención de adolescentes y jóvenes infractores de ley. El nuevo servicio asume la operación de los centros y programas con un énfasis declarado en intervenciones basadas en evidencia, especialización de equipos y coordinación obligatoria con otros sistemas del Estado, como salud, educación y empleo. El traspaso se realizó de manera gradual, por macrozonas, y culminó en enero con el cierre definitivo del Sename en el ámbito de la justicia juvenil.

Desde la dirección saliente reconocen que el cambio era necesario. “El Sename terminó operando con un diseño que ya no respondía a la complejidad de las tareas que debía cumplir”, señala María Eugenia Fernández Alvear, quien encabezó el servicio en su última etapa. “La nueva institucionalidad no parte desde cero. Recibe centros en funcionamiento, equipos que conocen el trabajo y jóvenes con trayectorias largas. El desafío es hacerse cargo de eso de una manera distinta”, explica.

Las zapatillas junto a la puerta

Tras dejar el taller, la funcionaria del vestido floreado nos conduce hasta una de las casas de nivel 1, la categoría más baja dentro del régimen cerrado. Aquí están los jóvenes con mejor conducta y mayor nivel de cumplimiento. El régimen es menos restrictivo que en otros sectores del centro.

Al sortear la puerta de acceso se accede a una sala amplia, con muros oscuros, color concreto. En un extremo hay un comedor con un mantel de plástico. En el otro hay varios sillones y un televisor. Una veintena de chicos adormilados se distribuyen en los sillones, sin prestar demasiada atención a la película que están pasando. Algunos se acercan para saludar, otros se mantienen a distancia. Desde esa sala se accede a un patio enrejado, con una cancha de baby-fútbol. Pero es casi mediodía y el sol no se tolera.

Uno de los chicos se acerca a conversar. Es colombiano, pero llegó hace mucho a Chile, cuando tenía tres años. Su carnet chileno está a punto de vencer y eso lo tiene angustiado. Sin carnet no puede acceder a ningún beneficio, es como si no existiera para el sistema. Para renovarlo debe hacer un trámite en el consulado de su país natal, algo que evidentemente está fuera de su alcance. Los funcionarios que conocen el caso han tratado de hacer gestiones para que sea el consulado el que vaya hasta el joven, tal como hacen algunos servicios públicos como el Registro Civil. La respuesta es que no pueden moverse por apenas un caso.

Una funcionaria me lleva a conocer algunas de las habitaciones del segundo piso. Puertas de metal, catres de concreto con un colchón delgado, baños pestilentes. En casi todas las puertas hay un par de zapatillas porque los internos no están autorizados a ingresar a las celdas con ellas, por el riesgo de que los cordones se utilicen en un intento de suicidio. La funcionaria explica que casi todos los jóvenes sufren ideación suicida en algún punto de su confinamiento. Y añade que los chicos transitan por un sendero muy angosto. Por un lado, el sistema les ofrece esperanza de reinserción, quizá un trabajo, una condena reducida. Pero si algo falla y la esperanza se diluye, ya sea por culpa propia o porque quedan atrapados en las grietas del sistema, el bajón es casi inmediato. Ahí es cuando tenemos que estar más atentos, explica.

Un patrón que se repite

Según el Anuario Estadístico del Sename 2023, el Servicio Nacional de Menores tenía bajo su responsabilidad a cerca de 5.000 adolescentes y jóvenes en todo Chile. De ese total, alrededor de un 20 por ciento se encontraba bajo medidas privativas de libertad, ya fuera en régimen cerrado, semicerrado —que permite salidas controladas para estudiar o trabajar— o en internación provisoria, a la espera de resolución judicial. El 80 por ciento restante cumplía sanciones y medidas en medio libre, como libertades asistidas y programas ambulatorios.

La población que llega a la justicia juvenil es mayoritariamente masculina y se concentra en pocas regiones, especialmente en la zona centro del país. Son adolescentes y jóvenes con trayectorias largas dentro del aparato estatal. Una parte importante pasó antes por residencias de protección, programas ambulatorios o medidas administrativas que no lograron generar un cambio de trayectoria.

Las historias se repiten en cientos de expedientes. Abandono temprano, escolaridad interrumpida, consumo problemático de drogas y alcohol, violencia intrafamiliar, explotación por parte de adultos. En los últimos años se suman otros factores: migración, mayor presencia de delitos vinculados a crimen organizado y un aumento de la violencia en los hechos por los que ingresan. El sistema recibe a estos jóvenes cuando sus trayectorias ya están avanzadas y los márgenes de intervención son reducidos.

En el caso de las mujeres, el patrón es distinto pero igual de persistente. Son muchas menos, alrededor del 8 por ciento del total. Pero sus historias suelen estar atravesadas por abuso sexual, coerción y utilización por parte de terceros. Muchas ingresan por delitos asociados al tráfico de drogas, sin haber tenido control real sobre sus decisiones.

Para quienes conocen de cerca el tema, todo esto resulta frustrante. Se sabe exactamente lo que ocurre, se sabe cómo ocurre, pero el Estado casi siempre llega tarde. “El problema es que las intervenciones llegan cuando la trayectoria de estos jóvenes ya está muy avanzada, cuando el daño ya está hecho. Ninguna nueva institucionalidad va a resolver este problema si seguimos interviniendo en el mismo punto del recorrido”, dice Marcelo Sánchez.

La mirada desde afuera

Marcelo Sánchez ha seguido por más de dos décadas el funcionamiento del sistema de justicia juvenil desde fuera del aparato estatal, pero también desde espacios formales de vinculación con el propio servicio. Fue integrante del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) del Sename, y desde la Fundación San Carlos ha trabajado directamente con jóvenes en conflicto con la ley. Su mirada combina experiencia en terreno, participación institucional y revisión sistemática de evaluaciones y evidencia acumulada.

Desde esa posición, Sánchez sostiene que el problema no ha sido la falta de diagnóstico. “Hoy existe bastante evidencia sobre qué tipo de intervenciones funcionan y cuáles no. El Estado sabe dónde están los puntos críticos, sabe qué perfiles llegan al sistema y sabe qué factores inciden en la reincidencia”, señala. A su juicio, la dificultad ha estado en traducir ese conocimiento en políticas sostenidas y coherentes en el tiempo.

El sistema penal juvenil, advierte, ha tendido a operar de espaldas a esa evidencia. “Se siguen replicando programas sin evaluación robusta, o se interrumpen intervenciones que mostraban resultados por cambios administrativos o presupuestarios. Eso genera una sensación de ensayo permanente, cuando en realidad hay aprendizaje acumulado”, plantea.

Para Sánchez, trabajar con evidencia no es solo medir resultados al final del proceso, sino diseñar intervenciones acordes al momento en que se encuentra cada joven. “No es lo mismo intervenir a los 12 que a los 17 años, ni hacerlo antes o después del primer delito grave. La evidencia muestra que el momento importa”, afirma. Sin embargo, agrega, el sistema suele llegar cuando esas ventanas ya se cerraron.

El trabajo desde dentro

Carmen Luz Chaparro es psicóloga y se incorporó al Sename en 2014. Desde entonces ha trabajado en funciones técnicas y de gestión en justicia juvenil, lo que le ha permitido observar de cerca los cambios en los perfiles de los jóvenes y las tensiones que atraviesan el trabajo cotidiano en los centros.

Para ella la discusión sobre reformas convive con una realidad inmediata. Su foco está puesto en sostener el funcionamiento diario y gestionar riesgos que cambian de un turno a otro. “Aquí no se trabaja con certezas, se trabaja con probabilidades”, dice. Cada decisión implica evaluar conductas previas, estados emocionales y contextos familiares que no siempre están completos.

Se trata de un trabajo marcado por la tensión permanente y la necesidad de equilibrio profesional. Habla de equipos que aprenden a leer señales mínimas, de turnos extensos y de la necesidad de mantener distancia profesional para no quebrarse. “Si uno se involucra más de la cuenta, no dura. Pero si se involucra menos, tampoco sirve”, explica.

Desde su experiencia, muchos de los jóvenes que ingresan al sistema no aparecen de la nada. “Vienen pasando por programas, por residencias, por medidas previas. Cuando entran acá, muchas cosas ya ocurrieron”, señala. Eso obliga a ajustar expectativas y a entender la reinserción más como un proceso que como un resultado inmediato.

Chaparro no idealiza el cambio institucional. Reconoce que el cierre del Sename marca un hito, pero subraya que lo esencial no se modifica de un día para otro. “Los centros siguen, los jóvenes siguen y los equipos siguen. El desafío es cómo se sostiene el trabajo mientras todo eso ocurre”, afirma. En ese tránsito, dice, la prioridad es evitar retrocesos, mantener la continuidad y hacerse cargo de una realidad que no se detiene para esperar nuevas estructuras.

Lo que viene

Para la nueva institucionalidad, el punto de partida no es abstracto. El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil asume centros en funcionamiento, equipos en ejercicio y jóvenes con trayectorias ya avanzadas. La reforma no parte desde cero ni supone un quiebre inmediato con todo lo anterior.

Su directora, Rocío Faúndez, subraya que el cambio central está en el enfoque. “Este servicio nace con un mandato exclusivo en justicia juvenil, lo que permite concentrar esfuerzos, especializar equipos y definir intervenciones diferenciadas según el nivel de riesgo y el momento de la trayectoria”, señala.

Faúndez reconoce que la nueva institucionalidad hereda una realidad compleja. “Recibimos jóvenes con historias largas, con daño acumulado y con múltiples intervenciones previas. No partimos desde una hoja en blanco”, afirma. Por lo mismo, agrega, el énfasis estará puesto en utilizar evidencia disponible y fortalecer la coordinación con otros sistemas del Estado, como salud, educación y empleo, para sostener los procesos más allá del cumplimiento de una sanción.

El desafío, admite, es operar ese cambio sin generar falsas expectativas. “La reinserción no depende solo de lo que ocurre dentro de un centro. Si no existe una red que acompañe el egreso, los esfuerzos pierden efecto”, dice. La apuesta del nuevo servicio, concluye, es intervenir con mayor coherencia y oportunidad, aun sabiendo que los márgenes siguen siendo estrechos.

Los micrologros

La última estación de la visita es el Colegio Manquehue, situado al centro de la prisión juvenil, equidistante de las casas. Hace poco 40 internos dieron la PAES, cuenta la directora del establecimiento. “Ninguno fue más allá de los 500 puntos, pero lo que menos nos preocupa es el rendimiento. Acá todo cuesta un mundo y tarda el doble o más. Nosotros celebramos cada mínima cosa, porque simplemente no hay más. Por eso hablamos de micrologros. Imagínate que los chicos acaban de hacer su propia película de superhéroes, grabaron, actuaron y editaron. Un tremendo micrologro”.

Mientras la directora muestra los afiches de la película, se produce el cambio de turno y un nuevo grupo entra a clases. Los niveles educativos son extremadamente disparejos y el trabajo es uno a uno, sobre todo con los que están más atrasados. Un caso aparte es el de Juan (no es su nombre real), que se ha apartado un poco del grupo para pasar en limpio una carta en la que lleva trabajando varios días. Juan no obedece al patrón clásico de los internos en Til Til. Viene de una familia bien constituida, estudiaba en un colegio de los emblemáticos. El año pasado dio la PAES y sacó un puntaje que le hubiera permitido entrar a estudiar en la Universidad de Chile. Pero como aún no salía su condena, no era posible tramitar el beneficio de un régimen semicerrado para estudiar en el día y llegar después de clases al CMN de Til Til. De manera que ahora, con apretada letra, Juan escribe al juez que podría enderezarle el destino. Que así sea.