El Ministerio de Salud (Minsal) decretó que a partir de este lunes 1 de abril el uso de mascarillas volverá a ser obligatorio en los servicios de urgencia públicos y privados.
Esto con el objetivo de hacer frente a la alerta sanitaria establecida por el aumento de virus respiratorios estacionales.
En este sentido, desde el Minsal sostuvieron que esta medida es de manera preventiva, puesto que durante este período se registra un incremento de enfermedades respiratorias relacionadas a virus circulantes.
¿Hasta cuándo será obligatorio usar mascarillas y en dónde?
El uso de mascarillas será obligatorio desde el este lunes 1 de abril hasta el 31 de agosto del 2024, cuyo período se podría extender si las condiciones epidemiológicas lo ameritan.
Siguiendo en esa línea, el decreto señala que dicho elemento de protección lo deben usar cada una de las personas que asistan a servicios de urgencia, incluyendo al personal de los recintos.
Además, las autoridades sostuvieron que el uso obligatorio de mascarillas se podría extender a “otros lugares de acceso público o donde exista aglomeración de personas si la evolución de los virus así lo amerita para evitar su propagación”.
En cuanto a los diversos modelos de este elemento de protección, el decreto señala que están permitidas las mascarillas médicas, quirúrgicas, de procedimiento y de tres pliegues. Además, también se podrían usar las mascarillas y respiradores de alta eficiencia tipo N95, KN95 y equivalentes.
Las multas por no uso de mascarillas
De acuerdo al decreto, el incumplimiento de la mencionada medida será fiscalizada y sancionada según lo dispuesto en el Libro X del Código Sanitario, así como en lo dispuesto en el Código Penal.
En ese sentido, las personas que cumplan la norma en los lugares establecidos se arriesgan a sanciones que van desde presidio menor en su grado mínimo a medio, es decir, desde 541 días a 3 años y un día de cárcel.
Además, quienes no hagan uso de mascarillas se exponen a multas de seis a 200 unidades tributarias mensuales, es decir, desde $391 mil a cerca de $13 millones. Esto según el artículo 318 del Código Penal, el cual hace alusión a los individuos que ponen en peligro la salud pública.
