Una AFP estatal más que beneficios genera muchas dudas y temores en materia de gobierno corporativo, competencia desleal, posible conflicto de interés en materia de inversión de los fondos de los afiliados en instrumentos de deuda pública y en el rol fiscalizador de la Superintendencia de Pensiones.
Columnista
La AFP estatal de Bachelet entraría como un actor más al sistema de ahorro individual obligatorio instaurado en dictadura, cuyo cambio más relevante hasta ahora fue la creación de una pensión básica solidaria financiada por el Estado, bajo la anterior administración de Bachelet, entre 2006 y 2010.
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La mandataria explicó: "Hoy estamos presentando el proyecto de ley que crea una AFP Estatal. Sabemos que no es una solución al problema de fondo, pero representa un avance relevante porque se ocupará de trabajadores independientes, de menores rentas, de la gente que no le interesa a las AFP".
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La iniciativa se enmarca dentro de los 56 compromisos de campaña para los 100 primeros días de gobierno.
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El economista del CENDA valora la reforma tributaria, pero considera que es "moderada", tanto en sus medidas como en su recaudación. También considera que la AFP Estatal no es una solución y que actualmente en Chile están las condiciones para mejorar las pensiones mediante un sistema de reparto.
Francisco Parra
Desde La Moneda explicaron que "se vuelve a la idea de darle carácter de territorialidad nacional a la AFP estatal con el IPS, pero con una institucionalidad dada por Corfo".
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Y es que para la timonel de la CUT, "lo que debemos hacer es garantizar mejores pensiones y una tasa de reemplazo efectiva del 70 por ciento de lo que recibían los trabajadores como activos, no por una vía de sistema de capitalización individual forzoso sino con libertad de elección".
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La presidenta de la CUT se refirió a los temas que definirán la próxima semana en el consejo ampliado, donde acordarán la estrategia a seguir en relación a sus demandas que realizarán el 1 de mayo.
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La ex vocera del comando de Michelle Bachelet afirmó que iniciará una agenda laboral “muy ambiciosa que fue apoyada por la ciudadanía y que es parte del programa de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet”.
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La iniciativa fue criticada por el ministro Felipe Larraín, quien la calificó como "un espejismo", mientras que Bárbara Figueroa se mostró abierta a crear "canales de diálogo respecto de eso".
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