Se descubrió que el secretario de Estado infringió la ley “al no adoptar políticas de registro, conservación y seguridad de las comunicaciones electrónicas entre órganos de la Administración del Estado y entre éstos y los ciudadanos”.
Redacción
Según un informe de la Contraloría, conocido ayer, detectó que 16 municipios y tres corporaciones municipales destinaron $88 millones de la ley Subvención Escolar Preferencial (SEP) a colegios cerrados y $25 mil millones fueron mal utilizados.
UPI
El análisis realizó investigaciones a 77 municipalidades del país y 28 corporaciones entre el 1 de enero de 2010 y 30 junio 2011, en periodos de los ex ministros Mónica Jiménez (abril 2008 - marzo 2010) y Joaquín Lavín (marzo 2010 a julio 2011).
Redacción
Por último, el Ministerio del Interior tomará contacto con el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para analizar la situación judicial de los hechos ocurridos en dicha ciudad y evaluar así la posibilidad de hacerse parte en el proceso judicial.
UPI
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile desmiente que su Decano solicitara a Contraloría sumariar a estudiantes, funcionarios o académicos.
Ramon Badillo
El secretario general de JUNAEB, Constanzo Scarella, aseguró que la institución ha impulsado mejoras sustantivas al programa de alimentación escolar fiscalizado por contraloría.
Ramon Badillo
En el documento, firmado por el contralor Ramiro Mendoza, el ente fiscalizador realiza también observaciones respecto a los procedimientos de control de la Junaeb, que dirige Constanzo Scarella sobre las empresas concesionarias del Programa de Alimentación.
Redacción
el informe, ejecutado a partir de inspecciones hechas el 6 y 7 de septiembre, señala que ambos talleres tienen pistas con "una luz menor de rodado a los 6 mm + 1 mm - 1 mm en la separación entre las pistas de rodado", y que, en el caso de San Eugenio, el desnivel entre las pistas era superior al definido en las especificaciones técnicas.
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Parlamentarios DC realizaron la presentación ante el organismo debido a que, en su opinión, "los anuncios de Labbé infringen garantías constitucionales básicas como el derecho de los padres a elegir dónde educar a sus hijos".
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