La Planta se ubicaría en el Valle del Huasco en la segunda región de Atacama; significaría una inversión de 1.400 millones de dólares (705 mil millones de pesos) y tendría una capacidad para generar 740 megawatts, 370 en cada una de las unidades de carbón.
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El directorio de la firma, con la participación de figuras como el Vicepresidente Ejecutivo, Daniel Fernandez y el presidente de Colbún, Bernardo Larraín Matte, junto a los ejecutivos de sus socios de Endesa, decidirán si suspenden de manera definitiva el ingreso del Estudio de Impacto Ambiental del trazado eléctrico del proyecto.
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Vecinos de Caleta Lo Rojas denuncian que la extracción de aguas de la planta arrastra consigo a algas, peces y otras criaturas marinas, además de aumentar la temperatura de la bahía circundante.
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Personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros (GOPE) llegó hasta dependencias del edificio de Endesa ubicado en Santa Rosa 72, en Santiago, ante una llamada que alertaba de un supuesto artefacto explosivo.
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El objetivo de la cita sería enviar una señal al sector, luego de las críticas por la falta de políticas claras y medidas concretas por parte del Gobierno, surgidas tras la suspensión de Hidroaysén.
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El senador espera que "Endesa evalúe el costo solicitado por los vecinos, el cual es muy menor, ínfimo, respecto a los costos del proyecto, lo que permite resolver el paño completo de la población Aroldo Figueroa".
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En un hecho esencial enviado a la SVS se detalla que que su recomendación para la suspensión indefinida del ingreso del estudio de impacto ambiental de la línea de transmisión del proyecto, no produce efectos en la situación financiera de la compañía.
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Lo anterior, a una semana de la decisión de Colbún, socio en el megaproyecto emplazado en los ríos Baker y Pascua, de proponer la suspensión de la línea de transmisión del proyecto HidroAysén, y demandando una política energética por parte del Gobierno.
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La Tercera Sala del tribunal de alzada maulino estuvo integrado por los ministros Eduardo Meins Olivares, Victor Stenger Larenas y el fiscal judicial Moisés Muñoz Concha y resolvió anular todo lo actuado.
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De este modo, indicaron que han actuado conforme al Convenio suscrito el 2 de septiembre de 1947, respetando "cabalmente" cada uno de sus puntos y que frente al desconocimiento de los derechos en el acuerdo, recurrieron a los Tribunales de Justicia para el amparo correspondiente.
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