La ley que reforma las notarías entrará en vigencia en marzo del próximo año, para que los notarios, archiveros y conservadores cumplan con sus nuevas obligaciones.
Pocos chilenos tienen buenos recuerdos de sus trámites ante notarios o conservadores: precios altos, largas esperas, horarios reducidos y formalidades ficticias (“firmó ante mí”). Pese a su impopularidad, incluso la Convención Constitucional los “ignoró”. Por eso, es útil recordar qué son y qué función cumplen: notarios y conservadores son auxiliares de la administración de justicia, sirviendo como ministros de fe y administradores de registros públicos (incluyendo escrituras, propiedades, derechos de minas, aguas, sociedades, etc.)
El proyecto de ley apunta a retirar el nombramiento de los notarios, conservadores y archiveros del Poder Judicial y quede en manos de Alta Dirección Pública.
La Comisión de Constitución no dio lugar a la indicación del Ejecutivo para impedir que parientes de autoridades sean nombrados notarios, conservadores y archiveros.
La discusión del proyecto que reforma el sistema de notarios y conservadores en el Senado sacó a la luz los vínculos entre varios parlamentarios y miembros de este gremio.
Precios que no se adecuan al servicio, puestos vitalicios y poca tecnología son las negligencias detectadas que podrían cambiar si avanza un proyecto que lleva cuatro años sin aprobación.
Se trata de Firme la cual espera ser socio digital de los notarios, ayudándoles a ganar tiempo y a cuidar del medio ambiente al modernizar sus servicios, ya que con la digitalización se disminuyen la cantidad de viajes que deben realizase y reducen el uso de papel y -por lo tanto- el gasto de agua y la tala de árboles.
Muchos papeles hoy ya pueden ser firmados de manera remota como, por ejemplo, un contrato de arriendo. Sin embargo, una gran cantidad de instituciones públicas y privadas aún no ha innovado en sus procesos, solicitando documentos notariales que fácilmente podrían ser firmados con la firma electrónica.