Esto, tras el rechazo de la magistrada Carla Troncoso Bustamante a admitir a tramitación la causa, puesto que los hechos denunciados no son constitutivos de delitos, al no existir en el ordenamiento penal chileno una sanción específica para las conductas colusorias.
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Tribunal en Colina admitió el requerimiento que presentó el ente defensor del consumidor, después de que la firma sueca SCA (ex Pisa) no se acogiera a la mediación.
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La demanda se basa en el perjuicio causado a los consumidores, que habría alcanzado la cifra de US$510 millones.
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El Tribunal de la Libre Competencia liberó una serie de mails, donde ejecutivos de la firma sueca SCA (ex Pisa) sostienen conversaciones con al menos un personero de la supermercadista Dipac. Asimismo, también otra serie de mails mencionan a la cadena Walmart.
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El defensor del ex ministro aseguró que el tribunal actuó de manera "abusiva" al haber mandatado a la PDI para que lo condujera "compulsivamente" para que declarara. La magistrado involucrada se defiende indicando que, con los hechos que tenía a disposición, era la única opción para lograr la diligencia.
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Este delito es regularmente visto como reflejo de la existencia de una organización criminal, como por ejemplo mafias. En tanto, en la respuesta a la Fiscalía Nacional Económica, la empresa sueca SCA, ex PISA, acusó “amenazas” por parte de su contraparte, la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones.
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Al salir de la reunión con el fiscal Cristián Galdames, el ex ministro del Deporte insistió en que su declaración fue de carácter voluntario e hizo un llamado a que "la Fiscalía Nacional Económica entregue la información reservada, y de esa manera, tener la posibilidad de defenderse de los cargos que pudieran existir".
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El ex ministro del Deporte no habría asistido a comparecer ante el fiscal de la Zona Sur, Cristián Galdames.
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Jorge Morel justificó esto asegurando que esta acción bajaba el costo del producto.
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De este total, según un estudio realizado por Conadecus, 445 millones de dólares corresponderían a la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, y los otros 65 millones los habría recibido SCA Chile, ex PISA.
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