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Deportes

Contraloría valida nombramiento de Cecilia Pérez como presidenta de Santiago 2023

La Subsecretaría de Deportes explicó que su nombramiento había sido en calidad de persona natural y que no había quedado sujeto a su permanencia en el cargo ministerial.

Por , 1 de Julio de 2020

La Contraloría General de la República descartó cualquier impedimento para que la ministra de Deportes, Cecilia Pérez, pueda asumir como presidenta de la Corporación Santiago 2023, entidad privada que se creó para organizar los próximos Juegos Panamericanos y Paranamericanos.

Esto, luego que en enero pasado, el diputado Gabriel Ascencio solicitara al organismo pronunciarse sobre la legalidad en el nombramiento de Cecilia Pérez.

En el oficio enviado por el parlamentario se argumentaba que no existiría norma legal que permita a la aludida autoridad integrar entidades que estén fuera de la administración.

Frente a esto, Contraloría realizó una cronología de los hechos para argumentar uno a uno las razones que podrían permitir o no la permanencia de la actual ministra como presidenta de una corporación privada.

La Subsecretaría de Deportes explicó que su nombramiento había sido en calidad de persona natural y que no había quedado sujeto a su permanencia en el cargo ministerial.

Así, la entidad dirigida por el contralor Jorge Bermúdez concluye que “no se advierte impedimento para que Cecilia Pérez Jara desempeñe el cargo por el que se consulta, en la Corporación XIX Juegos-Panamericanos Santiago 2023, en su calidad de persona natural por cuanto no consta que esa designación haya sido en su calidad de ministra”.

“Sin perjuicio que ante eventuales conflictos de interés que pudieren surgir como consecuencia de la posible participación de la aludida personera, en asuntos específicos o en casos concretos que deban ser analizados, informados o resueltos por esta, en su calidad de Secretaria de Estado o por el servicio al que pertenece, aún cuando ello sea solo potencial, deba necesariamente cumplir con la obligación de abstenerse, en los términos descritos en el presente oficio”, concluyó la Contraloría.