Diez años después de la implementación del Sistema de Admisión Escolar (SAE), el debate ya no gira en torno a si el sistema logró eliminar mecanismos de selección arbitraria. En eso existe un amplio consenso porque el SAE aumentó la transparencia y estableció reglas comunes para todos. El verdadero debate hoy es otro ¿sigue siendo el diseño adecuado para responder a las expectativas de las familias?
Una encuesta nacional de la Facultad de Educación UDD, aplicada a 959 apoderados, ofrece una respuesta clara que va más allá de las diferencias ideológicas que suelen dominar la discusión pública porque los resultados muestran que padres y apoderados no piden volver al pasado, sino avanzar hacia un sistema que combine equidad con mayor capacidad de elección y legitimidad social.
Quizás el dato más revelador es que el apoyo a introducir cambios es transversal. Ocho de cada diez apoderados están de acuerdo con que el rendimiento académico pueda ser considerado como criterio de admisión en determinados establecimientos. Una proporción similar respalda que los colegios puedan optar entre mantener el SAE o implementar sistemas de admisión diferenciados, siempre bajo supervisión de la autoridad. Más aún, cerca del 90% considera adecuado que los establecimientos puedan realizar entrevistas informativas para explicar su proyecto educativo a las familias.
En este sentido, no se trata de una demanda por eliminar el SAE. Lo que emerge es una preferencia por incorporar criterios objetivos que permitan reconocer el esfuerzo de los estudiantes y fortalecer la adhesión a los proyectos educativos, sin renunciar a la transparencia que el actual sistema introdujo.
Un resultado especialmente interesante es que cerca del 90% de los apoderados está de acuerdo con que los colegios puedan realizar entrevistas para explicar su proyecto educativo antes de la matrícula. Lejos de entenderlas como un mecanismo de selección o exclusión, las familias parecen valorarlas como una oportunidad para conocer mejor el sello institucional y decidir de manera más informada.
Por su parte, la encuesta también revela que más de tres cuartas partes de los apoderados consideran que el SAE limita su capacidad para elegir efectivamente el establecimiento que desean para sus hijos. Es una contradicción difícil de ignorar cuando un sistema creado para garantizar el derecho a elegir es percibido por una amplia mayoría como una restricción a esa misma libertad.
La explicación parece evidente, dado que el SAE garantiza igualdad de oportunidades para postular, pero no necesariamente satisface las preferencias de las familias cuando los establecimientos son sobredemandados. En esos casos, el algoritmo termina recurriendo al sorteo aleatorio, mecanismo que constituye hoy el principal foco de cuestionamiento por parte de los padres y apoderados.
De hecho, uno de los resultados más contundentes del estudio es que alrededor de seis de cada diez apoderados consideran que el azar o popularmente conocido como “tómbola” es un mecanismo injusto para asignar vacantes cuando existen más postulantes que cupos disponibles. Si el componente central del sistema para resolver la sobredemanda carece de legitimidad ante quienes participan en él, la discusión sobre su modernización deja de ser una cuestión ideológica y pasa a ser un problema de política pública.
Otro aspecto relevante es que padres y apoderados distinguen claramente entre los distintos objetivos del SAE. Mientras la evaluación de su impacto sobre la calidad educativa es predominantemente negativa, la percepción sobre su contribución a la inclusión es algo mejor. Esto sugiere que las familias reconocen que el sistema ha avanzado en eliminar barreras de acceso para estudiantes históricamente excluidos, pero no perciben que haya contribuido a mejorar la calidad de la educación.
Esta diferencia es importante porque demuestra que el debate no debería plantearse como una disyuntiva entre inclusión y mérito. La evidencia muestra que las familias valoran los avances en equidad, pero al mismo tiempo consideran legítimo que el sistema incorpore mecanismos que reconozcan el esfuerzo académico, fortalezcan los proyectos educativos y reduzcan la dependencia del azar.
En política pública, la legitimidad importa tanto como el diseño técnico porque un sistema puede estar correctamente construido desde el punto de vista normativo, pero si quienes lo utilizan lo perciben como injusto, su sostenibilidad se debilita y eso es precisamente lo que muestran estos resultados.
La reforma actualmente en discusión ofrece una oportunidad para superar esa tensión porque propone un sistema moderno capaz de combinar inclusión con libertad de elección, transparencia con autonomía y equidad con reconocimiento al mérito. Después de una década de funcionamiento, probablemente el principal desafío del SAE es construir un sistema que, además de ser técnicamente correcto, sea percibido por las familias como justo, legítimo y capaz de responder mejor a sus aspiraciones y preferencias.
