La Ley Ricarte Soto no suma una nueva patología a su cobertura desde 2021 y su quinto decreto de actualización, que debía publicarse en 2023, continúa sin dictarse tres años después, mientras la Contraloría General de la República (CGR) investiga si la Dirección de Presupuestos (Dipres) incumplió su obligación legal de entregar el informe de sustentabilidad financiera que permitiría destrabar el proceso.
Para la Fundación de Enfermedades Lisosomales de Chile (FELCH), organización de pacientes que ha planteado por años el estancamiento del mecanismo como una falla estructural de la ley, la investigación de Contraloría representa la vía de fiscalización más concreta que ha existido en meses.
El trámite se congeló formalmente el 23 de diciembre de 2025, dejando sin resolución a al menos 39 patologías que ya habían iniciado su evaluación de admisibilidad durante ese año. Según distintas estimaciones, más de 30 mil pacientes permanecen sin cobertura mientras el proceso no se reactiva. La propia jefa de la División de Planificación Sanitaria del Minsal, Tania Herrera, ha confirmado que la cartera está a la espera del informe de Hacienda para continuar, lo que sitúa la responsabilidad directamente en la Dipres.
Un mecanismo que dejó de actualizarse
La ley exige, como paso obligatorio antes de incorporar cualquier patología nueva, un informe de sustentabilidad financiera que debe emitir la Dipres. Ese informe no se ha hecho presente, y su ausencia –no una decisión sanitaria del Minsal– es, según los antecedentes reunidos por el senador Juan Luis Castro (PS), la causa directa de que 39 patologías evaluadas permanezcan sin resolución.
La Contraloría acogió la denuncia en enero y confirmó que realizará tanto una revisión jurídica como una fiscalización de los hechos.
El 11 de junio, la CGR dio a la Dipres un plazo de cinco días hábiles –vencido el lunes 15– para remitir los antecedentes pendientes de la investigación, bajo apercibimiento de continuar el proceso. Desde Hacienda aseguraron que la información sería remitida dentro de plazo, pero hasta la fecha no existe confirmación pública de que eso haya ocurrido ni de en qué etapa se encuentra la fiscalización.
El trasfondo financiero añade otra capa al problema: la propia Dipres había advertido en 2021 que el fondo de la ley (hoy en $100 mil millones anuales) no sería sustentable para incorporar nuevas garantías a partir de 2022, con una fecha de insostenibilidad proyectada hacia 2027-2028. Un proyecto de ley que aumentaría el aporte fiscal a $185 mil millones (boletín 17567-11) busca resolver esa base estructural, pero permanece paralizado en el Congreso desde marzo.
