El impacto que ha tenido la Pensión Garantizada Universal (PGU) en los adultos mayores es significativo: disminución de los umbrales de pobreza y un alcance superior el 80% del grupo objetivo. Pero, en medio de ese análisis, el think tank Libertad y Desarrollo (LyD) levanta algunas alertas: ¿Dónde más debe concentrarse la política social?
Para analizarlo, el centro de estudios realizó el documento Política Social para los adultos mayores más allá de la PGU, donde señalan que “las recomendaciones para actualizar la medición de la pobreza muestran que hay una mayor población que no logra cubrir sus necesidades básicas, lo cual implica la necesidad de redireccionar la política social hacia aquellos grupos con mayores carencias que, en promedio, no son los adultos mayores.
Es por ello, y por el alto costo fiscal de la PGU, que resulta inconveniente vincular la medición de la pobreza y su línea con instrumentos como este.
La economista de LyD, Ingrid Jones, conversó con EL DÍNAMO sobre los desafíos del programa para las próximas administraciones.
– ¿Qué va a marcar para un próximo gobierno el financiar la PGU?
– El gasto fiscal que significa tener la PGU es muy alto y pasó de ser 0,8 puntos del PIB a prácticamente 2 puntos del PIB. Hacia adelante, ese gasto será incremental, y está considerado así desde que la PGU se creó, con un financiamiento garantizado. Esto no quita que se trate de una glosa sumamente alta.
– ¿Qué desafíos representa para la carga fiscal?
– La planificación inicial indica que esto se financiará con la Ley de Cumplimiento Tributario. Tenemos estimaciones de que, de todas maneras, esto llega a cerca de 4 puntos del PIB, y hay otros economistas que lo sitúan por sobre 5 o 7 puntos, dependiendo de los parámetros. La cuenta final es que se llegará a doblar el gasto actual en los siguientes 30 años, solo por presión demográfica y porque estos modelos consideran reajustes.
– Si no se generan recursos frescos, ¿qué alternativas se abren?
– Sin duda, cuando tú tienes compromisos de carácter fiscal y no cuentas con recursos limpios que ingresen, podrías recurrir a deuda, porque el Estado debe cumplir el financiamiento de estos beneficios. O, eventualmente, pensar en reasignaciones dentro del presupuesto. Pero, si llegáramos a una situación en que no existieran los recursos suficientes para poder financiarla, se generaría un gran debate, porque no es fácil sacar dos puntos del PIB en reasignaciones para otros programas sociales.
– LyD menciona que se debería medir el impacto de la aplicación de la PGU. ¿Cómo?
– La PGU, por ser un beneficio relativamente nuevo dentro del sistema previsional, aún no cuenta con estudios muy detallados sobre el impacto del instrumento mismo. Lo que se ha podido observar es que, en cuanto a las mediciones de pobreza de los adultos mayores, en términos relativos, es el grupo que más ha disminuido la pobreza, y esa caída ha sido más fuerte desde que se creó el Pilar Solidario. Eso nos hace replantearnos los objetivos de las políticas sociales, en un contexto de estrechez fiscal, donde debemos tener bien claros los objetivos. Hay otros grupos etarios, como los niños entre 0 y 3 años, que presentan niveles de pobreza tres veces más altos.
– ¿Qué se debe poner sobre la mesa?
– Se tiene que replantear y decir: Bueno, ¿seguimos destinando más recursos públicos a este grupo etario o nos enfocamos en otros problemas que tiene la sociedad y en otras demandas? Por ejemplo, hay un consenso importante en que la educación, en términos de productividad futura y de desarrollo de los niños, es muy relevante.
– ¿Se centró demasiado el tema solo en las pensiones?
– En general, la grieta se genera porque a este grupo no le alcanzan los recursos. Recordemos, cuando partió esta discusión, que también sabíamos que las causas eran otras, como la baja cotización. Pero, sin duda, el tema previsional se robó la agenda en los últimos años y los esfuerzos estuvieron puestos en ese grupo.
– ¿Cuáles son los riesgos de concentrarse solo en esta política?
– La PGU va a beneficiar a cerca del 88% de las personas que son el grupo objetivo, lo que ya es uno de los porcentajes más altos de la OCDE en cuanto a cobertura y monto. Dicho eso, la propuesta es reajustar conforme a la variación del IPC. Y es ahí donde levantamos las alertas: por supuesto que uno quisiera poder entregar montos superiores, pero fiscalmente eso no es sostenible ni posible en este momento.
– ¿Qué otros temas le parecen fundamentales?
– La niñez, las listas de espera y la poca holgura fiscal. El primer estudio de suficiencia de la PGU será en 2028 y podría requerir nuevos recursos fiscales. Pero, al mismo tiempo, estamos discutiendo un proyecto de sala cuna donde el financiamiento se hace con parte de la cotización del empleador. Bien sabemos que lo ideal sería que la sala cuna también fuese financiada con aportes fiscales, pero la estrechez fiscal no lo permite. Por eso confunde cuando se abre la discusión de la PGU, ya que pareciera que sí existe espacio fiscal. Uno dice: ¿por qué no enfocarnos en otros grupos prioritarios?
