La audiencia de Icare escuchó este martes al presidente electo José Antonio Kast y a su generalísimo económico, Jorge Quiroz. El economista fue invitado por el mandatario a sumarse al panel de conversación tras su exposición, instancia en la que el socio principal de PwC, Renzo Corona, y la vicepresidenta del círculo empresarial, Mónica Álvarez, formularon preguntas.
“¿Cuáles son las medidas que ustedes tienen en mente para que el país atraiga más inversión y rápido?”, abrió los fuegos Corona, dando pie a que Quiroz se explayara en las principales propuestas económicas del próximo gobierno.
Uno de los anuncios clave fue el compromiso de revisar, en un plazo máximo de 45 días desde la instalación del gobierno el próximo 11 de marzo, cerca de US$ 12 mil millones en proyectos de inversión que se encuentran pendientes de evaluación o resolución en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA).
El eventual futuro ministro de Hacienda explicó que, en la gran mayoría de los casos, se trata de proyectos que ya obtuvieron su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), pero que enfrentan reclamaciones que no han sido resueltas por falta de convocatoria a las instancias correspondientes. En ese contexto, prometió un “fast track” para destrabar dichos procesos.
“Hay US$ 12 mil millones de inversión que ya pasaron por el SEA, pero que han sufrido algún tipo de reclamación y no se ha convocado a las instancias que tienen que resolverla, que en algunos casos es el director del SEA y en otros el Consejo de Ministros. La primera medida es que dentro de 45 días vamos a llamar a resolver esa situación”, aseguró Quiroz.
Permisos de obras e inteligencia artificial
La agenda económica del nuevo gobierno —relevó el economista— incluye “derechamente” la eliminación de permisos y una reducción drástica de los trámites asociados a la denominada permisología, aclarando que el foco estará en los procesos de mayor impacto.
Jorge Quiroz también adelantó el uso de un sistema basado en algoritmos para anticiparse a las observaciones que realizan los distintos servicios públicos durante la tramitación de proyectos de inversión. La idea es intervenir antes de que dichas observaciones retrasen los procesos.
“Vamos a actuar sobre esas observaciones antes de que ocurran. El sistema que tenemos nos permite decirle al ministro de Agricultura que la dirección regional de Atacama va a observar tal proyecto, y que él es el responsable de esa observación (…) antes de que ocurra”, detalló.
Como ejemplo de lo que calificó como una “maraña regulatoria”, el economista apuntó a los permisos de construcción tramitados en las direcciones de obras municipales (DOM), comprometiendo una reducción drástica de estas exigencias. Esto, considerando que cerca del 70% de la formación bruta de capital fijo corresponde a construcción.
De acuerdo con el vocero económico de José Antonio Kast, “hoy existen 15 mil instructivos que maneja cualquier DOM. La primera medida es eliminarlos, y eso se hará mediante una circular. Luego tenemos 1.500 circulares, que vamos a reducir a 11”.
“Vamos a generar una desregulación en vivienda, urbanismo y habilitación de suelo que, en magnitud macroeconómica, es comparable a la apertura del comercio internacional que vivió Chile”, afirmó Quiroz.
¿Es viable?
José Antonio Valenzuela, director de Incidencia del centro de estudios Pivotes, analizó las propuestas de Jorge Quiroz en conversación con EL DÍNAMO. La entidad, ligada a la familia Matte, ha trabajado activamente en iniciativas para mejorar la permisología y considera que el planteamiento del nuevo gobierno “es viable”.
Valenzuela recordó que los tiempos totales para obtener una RCA se han duplicado en la última década y que los plazos legales de los permisos sectoriales no se cumplen, con atrasos significativos producto de procesos de evaluación ambiental lentos, inciertos y con una ponderación inadecuada de los riesgos.
“Una gestión más eficiente puede hacernos avanzar hasta cierto punto, pero si queremos ir más lejos se requiere modificar los procesos e incentivos del sistema de evaluación, de modo que la institucionalidad entregue certezas tempranas, enfoque el análisis en los riesgos más relevantes y acote de forma importante la excesiva judicialización de proyectos aprobados”, señaló.
El experto añadió que es posible cuantificar la inversión que podría acelerarse, aunque advirtió que en áreas como la construcción se requieren medidas “audaces y ambiciosas”. “Junto con la simplificación de permisos, hay que avanzar en paralelo con una simplificación regulatoria general y con nuevos procedimientos e institucionalidad que velen porque la regulación se genere, evalúe y modifique de forma adecuada”, concluyó.
El abogado experto en temas de evaluación y socio en Guzmán, Toro y Ruiz Abogados, Rodrigo Guzman analizó las propuestas de Jorge Quiroz. Asegura que este fast track debiese traducirse en suprimir trámites redundantes que asfixian la agilidad sin aportar valor. “Más que montos o cifras, el futuro Gobierno debe comprometer y asumir plazos: mover la inversión de los escritorios y llevarla a la realidad y eso implica colocar energía la forma que se llevan adelante los procesos”.
“Por otra parte que debe producirse un cambio de foco importante: transitarse de une Estado que sospecha y frunce el ceño ante la inversión, a uno que gestiona, acompaña y da garantías a todos los interesados dentro del marco de la legislación vigente”, concluye.
