La Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) expresó sus preocupaciones tras el fallo del Tribunal Constitucional que rechazó el requerimiento del Ejecutivo sobre la reposición gratuita de servicios gratuitos, artículo ingresado por la oposición en la megarreforma.
En una declaración pública, el gremio liderado por Susana Jiménez indicó que “respetamos la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, todavía no se conocen los fundamentos de la sentencia, por lo que corresponde esperar ese pronunciamiento antes de sacar conclusiones respecto de los argumentos específicos que fueron considerados por el Tribunal”.
Susana Jiménez dejó ver los efectos de la norma a nivel regulatorio: “El punto de fondo es que no se limita a resolver situaciones directamente provocadas por una catástrofe, sino que obliga a reconectar, sin costo y sin pago previo, suministros que incluso podían encontrarse suspendidos por no pago desde antes de la emergencia”.
“Esto significa que el costo de una política pública termina siendo asumido por empresas que operan bajo marcos tarifarios y regulatorios previamente establecidos, lo que puede generar efectos sobre las cuentas incobrables, alterar los incentivos al cumplimiento de las obligaciones y sentar un precedente complejo respecto de cómo se financian futuras medidas de apoyo”, precisó la dirigente gremial.
Junto con ello, la líder de la CPC mostró su rechazo a los plazos contenidos en la norma, argumentando que “son imposibles de cumplir precisamente en una catástrofe, cuando la prioridad debe estar en reparar la infraestructura y recuperar el servicio para el mayor número posible de personas, resguardando siempre las condiciones de seguridad”.
