El Tribunal Constitucional (TC) rechazó el requerimiento de inconstitucionalidad con el que el Gobierno pretendía derribar una de las disposiciones que la oposición había logrado incluir en la megarreforma.
Se trata de una norma que obligaba a las empresas a reponer servicios básicos en zonas afectadas por catástrofes naturales. La norma había generado diferencias al interior del propio gabinete. Si bien había consenso para impugnarla, la estrategia para ello era dispar entre los ministros Claudio Alvarado (Interior y Segegob) y Jorge Quiroz (Hacienda).
Mientras que Alvarado era partidario de vetar la norma, Quiroz empujaba por acudir al Tribunal Constitucional, pese a que el Gobierno ya había sufrido otros reveses en esa sede. La forma de Quiroz terminó por imponerse y el propio Alvarado tuvo que reconocer en el Congreso que no estaba enterado de que habían impugnado esta norma en el TC. Uno de los argumentos con los que el Gobierno justificó su arremetida en contra de esta norma, fue que se alejaba de las ideas matrices del proyecto.
Mediante un escueto comunicado, el TC reveló que rechazó por nueve contra uno el requerimiento del Gobierno. Sin embargo, no ahondaron en los motivos que, según dijeron, darán a conocer en los próximos días.
