Cerca del 26% de la superficie destinada directamente a usos agropecuarios en Chile no fue utilizada para producir durante el año agrícola 2020-2021. Son 705.906 hectáreas, una magnitud que evidencia las dificultades que enfrentan distintas zonas del país para mantener sus terrenos en actividad y que adquiere especial relevancia ante un escenario de creciente presión climática.
La cifra corresponde a datos del Censo Agropecuario y Forestal 2021, la última medición censal disponible sobre el uso de la superficie agropecuaria del país, analizados por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) en un documento publicado en julio. Aunque esas 705 mil hectáreas representan apenas alrededor del 1,5% de toda la superficie censada, su peso aumenta considerablemente al considerar exclusivamente los terrenos destinados a usos agropecuarios.
“El tema de terrenos no productivos no es lineal, sino que es multidimensional”, explica Mariana Yilales, bióloga e investigadora postdoctoral del proyecto Anillo NEXO de la Universidad del Desarrollo, donde trabaja en el modelamiento del riesgo de los sistemas agrícolas frente a la variabilidad climática. Su especialidad es el estudio de los cambios del sistema terrestre a escalas geológicas.
La distribución territorial muestra que el problema adquiere dimensiones muy distintas a lo largo del país. En términos absolutos, las mayores superficies productivas no trabajadas se concentran en Biobío, con 132.586 hectáreas; La Araucanía, con 98.037; y Maule, con 82.570. Al considerar su peso dentro de la superficie agropecuaria regional, en cambio, Magallanes alcanza un 71%, Arica y Parinacota un 69,9%, Aysén un 57,2% y Biobío un 50,3%.
Las causas también varían territorialmente. El análisis de Odepa muestra que mientras en la zona norte la escasez hídrica adquiere especial peso, hacia el sur aumentan las restricciones económicas. Entre las unidades productivas de menor tamaño, de hasta 10,1 hectáreas, la falta de agua explica más del 40% de la superficie no trabajada.
Para Yilales, parte de esta realidad está asociada a un proceso climático que excede ampliamente un año agrícola determinado. La megasequía que desde el 2010 afecta a buena parte del centro y norte del país ha reducido la disponibilidad hídrica y dificultado mantener terrenos en producción.
A las condiciones climáticas se agregan problemas de acceso al recurso. La investigadora menciona como ejemplo zonas como La Ligua y Petorca, donde apunta al sobre otorgamiento de derechos de uso de agua como otro factor que, junto con la sequía, ha dificultado la producción de pequeños y medianos agricultores.
También existen razones económicas. Cuando una actividad deja de resultar viable, algunos terrenos pueden salir de producción y posteriormente resulta difícil reincorporarlos. “La literatura dice que una vez que las tierras son abandonadas, el regreso, sobre todo por causas económicas, el retrabajo de esas tierras es muy bajo”, explica Yilales.
La posibilidad de volver a producir aumenta, señala, cuando los terrenos cuentan con buena accesibilidad y disponibilidad de agua. Precisamente esas condiciones pueden faltar en zonas donde existe una mayor superficie sin trabajar.
A ello se agregan factores territoriales y sociopolíticos. Yilales identifica en la macrozona sur áreas potencialmente productivas cuya situación está vinculada a un conflicto de larga data.
“Hay áreas que podrían trabajarse pero que siguen siendo parte de lo que es el conflicto sociopolítico dentro de la macrozona sur”, sostiene. Se trata, precisa, de un factor que ya estaba presente en 2007 y continúa en 2021, por lo que no necesariamente permite explicar un eventual aumento reciente de la superficie sin trabajar.
