Es un hecho que durante el segundo semestre de 2025 casi todas las comunas del país experimentarán un alza en la cuenta de la luz.
Las variaciones del dólar han afectado el valor de la energía, lo que genera un efecto indexado que repercute en un aumento del costo del servicio.
De acuerdo con el cálculo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), este reajuste será del orden de un 7,1 % promedio, con un peak de 11,6 % en Antofagasta, mientras que en Santiago se estima en torno al 7,6 %.
Con todo, el Congreso tiene la palabra final respecto a la ampliación de los subsidios, los cuales permitirían a quienes estén en el Registro Social de Hogares (RSH) y pertenezcan al 40 % más vulnerable del país acceder a este beneficio hasta el año 2027.
¿Qué está pasando ahora con el beneficio?
Si bien en 2024 el Gobierno logró apoyo para un primer paquete de subsidios que alivió el alza de las cuentas derivada del congelamiento de tarifas tras el estallido social, ahora el objetivo del Ejecutivo es lograr la aprobación de una extensión del mismo proyecto, que beneficiaría al triple de hogares, es decir, a más de 4 millones de personas.
La discusión se encuentra actualmente en su fase de indicaciones en el Congreso, en segundo trámite constitucional en el Senado, tras haber sido aprobado en general. Esto significa que el proyecto de ley podrá recibir observaciones hasta el día 23 de mayo.
Las aprensiones del mercado eléctrico se relacionan con el verdadero alcance del proyecto, considerando que en dos llamados anteriores se convocó a 1,8 millones de clientes.
Por otro lado, existen dudas respecto al mecanismo de financiamiento propuesto. La propuesta original contempla aportes del Ministerio de Hacienda mediante inyecciones al Fondo de Estabilización de Tarifas. Para 2025 y 2026 el monto será de 115 mil millones de pesos; para 2027, será de 95 mil millones de pesos, y establece una sobretasa al impuesto a las emisiones de CO₂ aplicable a las fuentes emisoras que correspondan a empresas eléctricas, entre otras.
“Lo importante es garantizar que los subsidios deben ser financiados por el Estado, de la misma forma que se hace con el caso del agua potable, y no hacer responsables a los propios actores del sector que no tuvieron poder de decisión al implementar los mecanismos de estabilización del precio de la energía que, desafortunadamente, no funcionaron”, explicó el consultor e ingeniero de la USACH, Humberto Verdejo.
El experto añadió que “por otro lado, para avanzar en la transición energética se requieren inversiones que hacen imprescindible contar con certeza regulatoria para garantizar los proyectos en el mediano y largo plazo”,
¿A quiénes más beneficiaría el subsidio?
Si el proyecto se aprueba en las condiciones propuestas, se establecerían condiciones especiales para las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), con la creación del “Precio Preferente Pyme”.
“Las empresas que deseen acogerse a este precio deberán acreditar su condición mediante el procedimiento que establezca el Ministerio de Energía mediante resolución exenta”,
explica el Ministerio de Energía en su sitio web.
