Durante la jornada, la Comisión Mixta que revisa la nueva ley de fraccionamiento pesquero llegó a un acuerdo respecto a la controvertida cuota de la merluza común, quedando en un 55% para el sector industrial y 45% para los pescadores artesanales.
Esto, en caso que la cuota global de captura anual fijada sea igual o inferior a 35.020 toneladas. Si esta cuota es superior a dicha meta, el exceso irá íntegramente al sector artesanal.
Este acuerdo fue celebrado por PacificBlu, empresa que había anunciado su cierre luego que el Congreso determinara en un primer momento que la cuota de la merluza para el sector industrial llegaría al 48%, la que anunció que esto finalmente no se concretará.
“Tras los importantes acuerdos adoptados hoy por la Comisión Mixta de Pesca del Congreso Nacional, desde PacificBlu queremos comunicar que hemos decidido revertir la medida de cierre anunciada semanas atrás, al considerar que las decisiones tomadas permiten restablecer condiciones mínimas para la sostenibilidad de nuestra operación y así mantener el empleo formal que entregamos en Talcahuano y la Región del Biobío”, indicó la compañía en una declaración pública.
Su gerente general, Marcel Moenne, recalcó que “hoy sentimos alivio porque el acuerdo alcanzado respeta las condiciones mínimas que requiere nuestra empresa para mantener una operación viable. A pesar de que se aprobó una reducción del fraccionamiento industrial del 60% vigente a un 50%, esta reducción quedó condicionada a la recuperación de la pesquería y al aumento aumento de la cuota global, así como a la reapertura de la pesquería del besugo. De esta forma el Parlamento y el Ejecutivo encontraron una forma de favorecer al sector artesanal sin perjudicar los empleos industriales, cosa que valoramos”.
Sonapesca advierte grave precedente para la inversión
Por contrapartida, la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), principal gremio de las pesqueras industriales del país, cuestionó que la nueva norma implica que el traspaso de 489 mil toneladas de recursos marinos —valoradas en cerca de USD 160 millones anuales— al sector artesanal.
Además, desde el gremio advierten que se continúa vulnerando la certeza jurídica, ya que la actual legislación establece que las condiciones de asignación de cuotas se mantienen vigentes hasta 2032. “Sin embargo, el fraccionamiento aprobado modifica ese marco legal en forma anticipada y unilateral, sin entregar compensación a las empresas afectadas, generando un grave precedente para la inversión y el respeto de los contratos en Chile”, sostuvo Felipe Sandoval, presidente de Sonapesca.
A juicio del líder del gremio, esta redistribución tendrá un impacto en la operación de las empresas industriales, forzando a muchas a reducir su tamaño y ajustar sus operaciones. Esto se traduciría, advierten, en una pérdida significativa de empleo formal en diversas regiones del país.
“Desde el inicio de la discusión de este proyecto hemos advertido la falta de un análisis técnico, tanto en términos financieros como en relación con los efectos que tendrá sobre el empleo. Hasta la fecha el Ejecutivo no supo con certeza cuántas personas quedarían sin trabajo con esta reforma que está impulsando”, precisó Sandoval.
Además, el presidente de Sonapesca agregó que “se trata de un proyecto que estuvo marcado por una tramitación en el Congreso llena de errores y desprolijidad por parte del subsecretario de Pesca. Se entregaron datos erróneos y no fueron capaces de justificar sus posturas con argumentos técnicos”.
