Cuando el pasado 14 de abril el Gobierno anunció el fin del programa Estadio Seguro, tras 14 años de operación, nadie se sorprendió. La iniciativa llegaba a su fin con escasos resultados y marcada por un trágico incidente: la muerte de dos hinchas de Colo Colo en las afueras del Estadio Monumental.
El anuncio fue realizado por el ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien afirmó: “Estadio Seguro fue una iniciativa en la que todos los gobiernos han puesto significativos esfuerzos, pero por distintas razones, algunas atribuibles al sistema mismo, esta ha fracasado”.
El fracaso no solo se refleja en los continuos episodios de violencia dentro y fuera de los estadios, sino también en un elevado gasto de recursos públicos sin resultados concretos. Entre 2016 y 2025, el programa utilizó más de $11 mil millones del erario fiscal, superando año a año el presupuesto originalmente destinado, según los registros enviados por la Subsecretaría del Interior, entidad responsable de su ejecución.
El mayor desembolso: personal y servicios
El año de mayor ejecución presupuestaria fue 2017, cuando el programa estaba bajo la dirección de José Roa —ex director del SERNAC y ex coordinador de las policías en el Ministerio del Interior—, hoy cuestionado por sus vínculos con el fiscal nacional Ángel Valencia y el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, en su actual rol como asesor de la Fiscalía Nacional.
Durante su gestión, se destinaron $296 millones a personal y $318 millones a bienes y servicios de consumo. En total, entre 2015 y 2017, Roa percibió un sueldo promedio de $6.565.387 mensuales, con ingresos anuales cercanos a los $78 millones cada año.
En el período 2016-2025, el gasto total en personal alcanzó los $2.388 millones, incluyendo sueldos y honorarios a suma alzada, los que alcanzaron su peak en 2022 con $301 millones ejecutados por esta vía.
Entre otros directores, Cristóbal Lladser —a cargo entre 2019 y 2022— recibió un salario mensual promedio de $5.107.854, totalizando ingresos anuales por sobre los $61 millones. Pamela Venegas, la última directora, percibió un promedio mensual de $5.028.000, con un aumento salarial del 36% entre 2022 y 2025. El sueldo promedio mensual de todos los directores del programa en el período fue de $5.474.000.
Eventos, publicidad e insumos: gastos sin detalle
Otro eje de gasto fue el programa Vamos al Estadio, cuya finalidad era “fomentar la inclusión y la sana convivencia a través del deporte, permitiendo que niños, niñas y adolescentes participen en actividades educativas dentro de los estadios”. En 2023 y 2024 se destinaron $184 millones y $156 millones respectivamente a eventos para su promoción. En 2020, se pagaron $20 millones por una “asesoría creativa”, y entre 2020 y 2021, más de $94 millones para el desarrollo y mantención de una aplicación.
Asimismo, se registraron $153 millones en servicios como gráficas, videos, encuestas y consultorías; y otros $908 millones en publicidad en el mismo periodo.
El informe entregado por Transparencia también consigna una serie de gastos abultados sin suficiente detalle sobre su destino. Entre ellos:
- “Otros servicios generales”: $190 millones (2025) y $195 millones (2023).
- “Gastos comunes”: $15 millones (2022).
- “Combustibles”: $12 millones (2022).
- “Servicios informáticos”: $104 millones (2020-2021).
- “Útiles de aseo”: $10 millones (2022).
- “Servicios generales”: $264 millones (2016).
- “Adquisición de activos no financieros”: $352 millones (2016), $168 millones (2017) y $111 millones (2019).
A pesar del millonario gasto en personal, publicidad y actividades, Estadio Seguro no logró frenar la violencia en el fútbol chileno, ni cumplir con su objetivo principal: brindar seguridad en los recintos deportivos.
