El Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) dejó ver su rechazo a las conversaciones que pretende implementar el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones con las concesionarias de las autopistas, para así considerar una rebaja en el TAG.
“Yo creo que vamos a partir por aquellas autopistas de la Región Metropolitana, que son las más antiguas, las que tienen más flujo, las que tienen más espacio para generar esta rebaja de tarifas a cambio de mayor plazo (de la concesión)”, sostuvo el ministro Louis de Grange.
Ante esta postura, el CPI dejó ver las implicancias negativas que generaría esta medida, especialmente en la millonaria deuda que contraería el Fisco con las empresas del rubro.
“El endeudamiento al cual el Estado se expone debe ser entre US$600 y US$800 millones de dólares al año, que es un poquito el porcentaje de recaudación que hoy día está significando el sistema concesional. Depende de cuánto le quede al contrato. Esto es un buen negocio para las concesiones que están terminando, es un mal negocio para las concesiones que vienen”, declaró el director ejecutivo del CPI, Carlos Cruz.
El ex ministro de Transportes y el MOP sostuvo a La Tercera que “la rebaja del TAG es una decisión muy compleja, porque pone en riesgo el sistema concesional de las autopistas urbanas y genera un reordenamiento del sistema de transporte de la ciudad de Santiago, que va a tener dos implicancias negativas”.
Junto con ello, Carlos Cruz planteó que “por una parte, va a aumentar necesariamente la congestión de las autopistas y la congestión de la ciudad, porque va a incentivar el uso del auto”.
A esto se suma que desincentivará el uso del transporte público y “por tanto, va a ser al final una ciudad más ineficiente y va a ser una ciudad en la cual los habitantes lo van a pasar peor. A mi juicio, es justamente lo contrario de una política pública que debiera perseguir aumentar la eficiencia de la ciudad y mejorar la calidad de vida de los habitantes”.
Para hacer frente a este escenario, el representante del CPI aseveró que el Ejecutivo tiene “la responsabilidad de la administración de las tarifas, por lo tanto es el que tiene que tomar la decisión si bajarla o no. Hay que buscar una forma de incorporar todos estos otros elementos que permitan una mejor percepción del servicio que se le está otorgando a los usuarios dentro del sistema concesionario”.
Para ello propuso, por ejemplo, “tarifas dinámicas, cobro por uso efectivo, advertir debidamente a los usuarios del estado de congestión que tienen las carreteras, mejorar la accesibilidad a la autopista, mejorar los enlaces y la conexión entre una autopista y otra. Eso es inversión, a la cual perfectamente se podría invitar a los concesionarios a desarrollar proyectos que permitan resolver eso”.
