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Nuevo traspié legislativo del Gobierno: el “gran pero” de la Ley Antibarricadas 2.0

El Ejecutivo nuevamente vio como uno de sus proyectos estrella en materia de seguridad sufrió un importante cambio, impulsado por la oposición.

AGENCIA UNO

La Sala de la Cámara de Diputados despachó el proyecto que modifica el Código Penal para ampliar el ámbito de aplicación del delito de interrupción u obstaculización de la libre circulación y del funcionamiento de los servicios de transporte, también conocida como Ley Antibarricadas 2.0.

Sin embargo, la alegría no pudo ser completa para el Gobierno, ya que como parte de la iniciativa se aprobó una indicación, presentada por la oposición, que podría dejar la propuesta convertida en “letra chica”.

El proyecto busca sancionar las llamadas barricadas, con multas de 10 y 20 UTM a quienes no acaten el requerimiento de la autoridad para cesar la conducta (entre $718.000 y $1.435.000).

En tal sentido, sanciona a quienes, “sin autorización o excediendo las condiciones otorgadas por la autoridad competente, obstaculicen total o parcialmente la libre circulación de personas o vehículos, o el normal funcionamiento de servicios de transporte”.

Pero además, se aprobó por 72 votos a favor, 61 en contra y una abstención, una indicación del diputado Raúl Leiva (PS), que establece que lo dispuesto en la ley “no será aplicable si la persona se encuentra ejerciendo su legítimo derecho a reunión, huelga o manifestación pacífica”.

Al respecto, el propio diputado Leiva expresó a radio Biobío que “yo creo que esta es una de las principales derrotas que ha tenido el Gobierno, porque insistieron y siguen confundiendo el orden público con la seguridad pública”.

Para el parlamentario, el foco del Ejecutivo debe estar en combatir el crimen organizado y no en “criminalizar o penalizar la protesta pacífica de peatones que obstaculizan parcialmente el tránsito de manera pacífica”.

Desde el oficialismo reconocieron que esta indicación “desnaturaliza” el objetivo de la Ley Antibarricadas 2.0, como lo dejó expuesto el diputado UDI Eduardo Cretton.

“Nosotros le consultamos, de hecho, al Instituto Nacional de Derechos Humanos y a la Defensoría Penal Pública, y ambos dijeron que las manifestaciones pacíficas consideraban el hecho de poder cortar las calles, de poder cortar el tránsito aunque sea parcialmente. Creemos que esta indicación viene a desnaturalizar por completo el proyecto que había presentado el Ejecutivo en esta materia”, puntualizó Cretton al mismo medio.

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