La empresa de telecomunicaciones WOM sufrió un duro revés en el proceso judicial que mantiene con el Estado de Chile ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), en el marco de la disputa por el retraso en el despliegue de la red 5G.
Según informó Diario Financiero, el tribunal desestimó la solicitud de la compañía para impedir el alzamiento de una medida precautoria que suspendía el cobro y ejecución de boletas de garantía el julio pasado, lo que abre la puerta a que el Estado chileno pueda hacer efectivo el cobro por un monto cercano a los 50 millones de dólares. No obstante, la decisión sobre las costas del proceso fue postergada hasta la emisión del laudo final.
Desde WOM lamentaron el fallo en el Ciadi. “El proyecto 5G actualmente cuenta con más de un 84% desplegado. En este contexto, sería desproporcionado ejecutar las garantías en su totalidad cuando solo resta un pequeño porcentaje del proyecto“, señaló la compañía en una declaración.
Asimismo, la firma hizo un llamado a la Subsecretaría de Telecomunicaciones y a las autoridades de Gobierno a “actuar de acuerdo a los principios jurídicos vinculantes establecidos por la Contraloría General de la República para casos de esta naturaleza, esto es, apegarse a los principios de racionalidad y proporcionalidad”.
WOM reafirmó su disposición y “compromiso” al diálogo institucional “con todas las instituciones del Estado chileno, incluida la Subsecretaría de Telecomunicaciones, a fin de evaluar las condiciones necesarias para completar el despliegue de este importante proyecto dentro del marco institucional”.
La compañía también criticó lo que considera cambios unilaterales de plazos por parte de la autoridad, lo que —afirman— ha generado “condiciones que hacen inviable su cumplimiento en los términos actuales“.
En ese sentido, advirtió que “la certeza jurídica y regulatoria es fundamental para atraer y mantener inversión extranjera directa en proyectos de infraestructura estratégica“, y que “cambiar las reglas del juego de forma reiterada y en plazos tan breves no solo afecta la viabilidad de proyectos específicos, sino que pone en riesgo la confianza de los inversionistas en el ecosistema chileno“.
