El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, y la jefa de la bancada UDI, Flor Weisse, salieron esta semana a vincular el proyecto del Partido Comunista para modificar la Ley Naín-Retamal con lo que denominaron una “agenda deliberada” para reinstalar el escenario de octubre de 2019. “El octubrismo ha vuelto a nuestro país”, afirmaron en una declaración conjunta.
La moción que gatilló la reacción fue ingresada por la diputada comunista Lorena Pizarro y apunta a derogar la presunción legal de legítima defensa privilegiada, considerada el núcleo de la ley 21.560, además de restituir una redacción anterior de la figura de apremios ilegítimos atribuibles a las policías y otros agentes del Estado.
El PC justificó la iniciativa en la “fuerte represión a los manifestantes” que, a su juicio, se observa bajo la administración del presidente José Antonio Kast.
Para Alessandri y Weisse, sin embargo, el proyecto no sería un hecho aislado. En su declaración apuntaron a una serie de acciones que el PC y el Frente Amplio habrían desarrollado desde marzo, entre ellas los dichos de la propia diputada Pizarro llamando a la ciudadanía a organizarse contra el Congreso.
“Lo que estamos viendo con la presentación de este proyecto de ley no es una acción casual ni mucho menos improvisada, sino que forma parte de una agenda deliberada que la extrema izquierda decidió impulsar desde marzo de este año”, señalaron los dirigentes UDI, advirtiendo que la coordinación que perciben “se asemeja peligrosamente al escenario” del estallido social.
La iniciativa comunista encontró rechazo en prácticamente todo el espectro político.
El jefe de los diputados socialistas, Raúl Leiva, dijo estar “totalmente en contra” de la derogación, argumentando que la ley constituye “un avance significativo en el desarrollo y protección del accionar policial”.
Desde el bloque oficialista, la diputada republicana Catalina del Real acusó al PC de dar “una señal nefasta” en “la peor crisis de seguridad de nuestra historia”.
RN respondió con una propuesta propia: la denominada “Agenda Naín-Retamal 2.0”, que busca extender la legítima defensa privilegiada a funcionarios que estando de franco intervengan en delitos flagrantes, y endurecer las sanciones contra quienes agredan a efectivos policiales.
Alessandri y Weisse cerraron su declaración con un llamado a “todos los sectores democráticos” —incluyendo a los partidos de centroizquierda— a rechazar “cualquier intento por relativizar la violencia” y a no “prestarse para esta estrategia”.
