Con fecha 1 de julio, el destino de Corona, la multitienda de la familia Schupper, marcó un hito final: la notificación al tribunal del inicio de su proceso de quiebra.
Se trata de una formalidad requerida en el marco del procedimiento ante el 1° Juzgado Civil de Santiago y la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Esto, luego de que la veedora del acuerdo de reorganización, Daniela Camus, informara a los acreedores el incumplimiento de la condición de financiamiento establecida.
El acuerdo contemplaba que “la Empresa Deudora debería contar con una línea de crédito rotativa de capital de trabajo (Línea Kdt) por hasta $22.000.000.000 durante toda la vigencia del Acuerdo de Reorganización. Esta línea de crédito sería otorgada por los accionistas de la deudora, mediante un préstamo a la Compañía a través de una sociedad por ellos controlada”.
Aunque la familia Schupper comprometió el 50% de esos recursos, no fue posible reunir el capital restante. Si bien esta situación se conoció el viernes pasado, el plazo formal para obtener el financiamiento vencía el 30 de junio a las 00:00 horas.
“En atención a lo anterior, certifico que, dentro del plazo otorgado para la obtención o compromiso de financiamiento, que venció el 30 de junio de 2025, no se dio cumplimiento a la condición de financiamiento establecida en el Acuerdo de Reorganización”, señala el documento suscrito por la interventora judicial.
Una vez que el tribunal decrete formalmente la quiebra —lo que podría demorar alrededor de diez días—, se deberá designar un liquidador concursal. Su tarea principal será realizar “caja” con los activos de Corona para cumplir con las obligaciones concursales.
En paralelo, la empresa ha intentado ganar tiempo mediante promociones, como ventas de productos a $5.000. Según han compartido algunos trabajadores en redes sociales, la compañía los incentivó a continuar operando a pesar de las malas noticias, con el objetivo de cumplir los compromisos salariales pendientes.
Cabe recordar que, en un proceso de quiebra, la ley establece que los primeros acreedores en ser pagados son los trabajadores, junto con sus obligaciones legales. Sin embargo, ello dependerá tanto de la rapidez del proceso como del inventario disponible que pueda ser liquidado a nombre de la compañía fallida.
