Melissa Hohmann tenía 25 años en marzo 2008. Apenas había egresado de la escuela de Derecho de la Universidad de Chile cuando emprendió la acción legal más trascendental de su vida. De la vida de muchos, en realidad. Ella fue quien hizo la denuncia que terminó por destapar el llamado Caso Colusión de Farmacias que recién hoy, 17 años después, se traducirá en una compensación para los clientes.
“La denuncia la hice un año antes de que se hiciera pública (en 2009)”, recuerda la hoy fundadora del estudio Hohmann &Asociados. “Fue cuando constaté que, por tercer mes consecutivo, el medicamento que compraba, subía de precio de forma ostensible y por igual en las tres cadenas de farmacias”, cuenta.
Para entonces, Melissa estaba casada, ya era madre y controlaba su fertilidad con el anticonceptivo oral Marvelon 20. Así fue cómo observó que a fines de 2007 el medicamento costaba $2.490, luego $5.900 en enero de 2008 y en marzo llegó a $8.750 tanto en los locales de Cruz Verde, Salcobrand y Ahumada. “Me pareció extraño que mes a mes el medicamento subiera al mismo precio en las tres cadenas de farmacias. Llamé además al laboratorio que lo producía y no me dieron una explicación razonable que explicara el incremento”, detalla.
- ¿Cómo vivió ese primer paso de llevar la denuncia a las autoridades?
-Como egresada de Derecho en ese entonces, no fue difícil hacerlo. Solo presenté una denuncia sencilla en la Fiscalía Nacional Económica, que consistió nada más en relatar el incremento de valor del medicamento mes a mes y que esto se había dado por igual en las tres cadenas de farmacias. Presentada la denuncia, no supe más del tema hasta un año después cuando se hizo pública.
-El caso se extendió por varios años. ¿Cómo fue enfrentar un proceso tan largo y desgastante?
-El desgaste lo tuvo el país. Un caso así socava profundamente la confianza de las personas hacia las empresas y, aunque gracias a este caso tuvimos avances importantes en la regulación -ya que la colusión fue tipificada como un delito penal con pena de cárcel- y en la cultura empresarial -se incorporaron prácticas de compliance e integridad-, es posible afirmar que los bajos niveles de confianza con que cuentan las empresas en la actualidad se relacionan, en parte, con este caso de colusión y los sucesivos escándalos corporativos que lo sucedieron después.
Escándalos que siguieron
La Colusión de las Farmacias fue el primer escándalo del tipo pesquisado por la FNE, en él se detectó que Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand se coordinaron para subir precios de más de 200 medicamentos de uso común. Fue el primer gran caso de colusión masiva conocido en el país. En 2011 siguió la colusión de los pollos, cuando la FNE presentó un requerimiento contra Agrosuper, Ariztía, Don Pollo y la Asociación de Productores Avícolas (APA) por acordar cuotas de producción y mantener altos los precios del pollo. En 2015 se destapó que CMPC Tissue (Grupo Matte) y SCA Chile (ex PISA) se coludieron por más de una década en el mercado del papel higiénico y productos tissue. Y el 2016 la FNE acusó a Walmart, Cencosud y SMU de coordinar precios en la venta de carne de pollo fresco.
Tras 17 años de litigios, más de 30 mil consumidores serán compensados por Farmacias Ahumada, última cadena en cerrar su proceso legal. Mientras Cruz Verde y Salcobrand aceptaron en 2012 pagar multas de US$19 millones impuestas por el Tribunal de Libre Competencia, en el caso de Ahumada la justicia determinó que compensará civilmente a quienes se hayan visto afectados por esta práctica. En total, Fasa —propietaria de la cadena— entregará $980 millones a casi 34 mil clientes incluidos en las demandas colectivas interpuestas, tras la denuncia inicial de Hohmann, por las asociaciones de consumidores Conadecus, Odecu y Fujucc.
El acuerdo —que se encuentra en proceso de aprobación ante la Corte Suprema— determina que los beneficiarios se dividirán en dos grupos: el primero, integrado por 17.652 consumidores directamente identificados en los registros de la farmacia entre 2007 y 2008, recibirá una indemnización promedio de $32.620 por persona. El segundo grupo incluirá a casi 17 mil personas que reciben el bono mensual por Control Niño Sano, quienes obtendrán un pago de $20.884, a través del Instituto de Previsión Social (IPS).
-A su juicio, ¿las sanciones aplicadas son proporcionales al daño causado a los consumidores?
-Sí. Se aplicaron las sanciones que la regulación consideraba en el momento de la colusión. Y la sanción social, quizás la más importante, también fue rotunda. De hecho, años después nos seguimos acordando de este caso.
-¿Cómo afectó este caso a su vida personal y profesional?¿Pensó especializarse en Libre Competencia?
-A nivel personal fue bastante mediático en su momento, pero nada más que eso. A nivel profesional, he tenido siempre como foco el movilizar a la alta dirección de las empresas, con quienes trabajo, hacia la importancia de contar con culturas sólidas de integridad al interior de las empresas. El ejemplo y el discurso de quienes lideran unido prácticas y funciones adecuadas es fundamental si se trata de propiciar la integridad.
-¿Cree que después de este caso ha cambiado algo en el comportamiento del mercado farmacéutico en Chile o de la institucionalidad para combatir la colusión?
-Ha cambiado el comportamiento en todas las industrias, no solo la farmacéutica. Hoy todos sabemos qué es la colusión y las empresas tienen sistemas de compliance destinados a prevenirla. ¿Evita esto su ocurrencia? No del todo, pero disminuye enormemente la probabilidad. La institucionalidad y la regulación han cambiado y para mejor. La institucionalidad de libre competencia goza de un respeto bien ganado en la actualidad.
Lógica de las compensaciones
En el mundo jurídico, este acuerdo es calificado como histórico, ya que los mecanismos de compensación sientan un precedente. “Es importante que se dé por sentado que es posible indemnizar tanto el interés colectivo como el interés difuso. El interés difuso corresponde a aquellos casos en que no se sabe exactamente cuáles consumidores fueron afectados, pero se puede reconocer al menos a un grupo amplio de ellos”, explica Angélica Burmester, académica del programa de Libre Competencia de la UC.
Stefan Larenas, presidente de Odecu, precisa que este segundo grupo corresponde al interés difuso. “Hay un grupo de personas que integran el colectivo que demandó, que son quienes hayan comprado en Fasa en ese período y que tienen nombre y apellido en los registros. Pero también hay personas indeterminadas que se vieron afectadas pero cuyos datos no están. Ese tipo de personas se llama grupo de interés difuso. Generalmente, lo que se hace vía judicial es entregar la compensación a alguna fundación o, en este caso, a quienes reciben un beneficio como el Bono Niño Sano, destinado a personas con hijos menores de 6 años y en situación vulnerable”, señala.
Tuvieron que pasar 17 años para que este caso de colusión llegara a su final. Para la académica de la UC, la solución llega “un poco tarde”, pues la acción concertada ya estaba acreditada. Para el presidente de Odecu, el tiempo fue “desmedido”. Pero ambos destacan que se haya sentado el precedente de que los particulares sí son afectados por estas maniobras empresariales y merecen ser compensados como consumidores.
Por último, desde Odecu afirman que las compensaciones se concretarán con certeza, ya que el acuerdo contempla una auditoría a la empresa para asegurar el pago, que podrá reclamarse desde el 27 de agosto en www.compensacionfarmacia.cl.
