La Corporación Grande PyMe es una iniciativa que nació de la mano de cuatro grandes corporaciones del país Entel, Abastible, Sura y BCI, con el objetivo de conectar a las grandes empresas con el sector.
A la cabeza está la ex subsecretaria de Economía del gobierno de Michelle Bachelet, Katia Trusich. Previo a dirigir la corporación ocupó la presidencia de la Cámara de Centros Comerciales.
En conversación con EL DÍNAMO, Trusich explica que su meta es posicionar a Grande Pyme como un actor estratégico en el desarrollo económico y social de Chile. Y es que las cifras indican que las empresas de este segmento representan el 98% de las compañías y generan el 64% del empleo formal.
El desafío es relevante: la participación en ventas de este segmento cayó de 25% en 1998 a apenas 12,5% en 2022. “Esa fragilidad estructural —sumada a que el 70% se autofinancia con capital propio y dos de cada tres no superan tres años de vida— exige políticas de largo plazo basadas en evidencia”, comenta Trusich.
El objetivo de la organización es cerrar las brechas de información sobre las pymes, levantar datos confiables, sistematizar estadísticas dispersas y producir nuevos indicadores que orienten políticas públicas y estrategias empresariales.
Para eso reclutaron un consejo asesor de excelencia, el cual dentro de los representantes están David Bravo, Director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales; Sergio Lehman, Economista Jefe del BCI; Pablo García, Economista y exvicepresidente del Banco Central dentro de otros, y manejarán un observatorio de la dinámica del sector.
La idea es que sea una plataforma abierta donde las Pymes no solo sobrevivan sino que innoven y así no estén luchando constantemente por la sobrevivencia.
– ¿Qué medidas pueden apoyar las Pymes para empujar el mayor empleo?
– Las Pymes enfrentan trabas estructurales críticas: exceso de burocracia, altos costos y baja productividad. Actualmente, un 21% de sus empleos son informales, cifra que alcanza el 47% en microempresas. Dentro de las medidas que pueden impulsar la contratación está la simplificación regulatoria: es urgente aliviar la carga administrativa, tributaria y burocrática. Si los grandes actores ya encuentran obstáculos para navegar el sistema de permisos, la situación es aún más compleja para una Pyme con recursos limitados. Necesitamos una arquitectura regulatoria más ágil, digital y proporcional al tamaño de la empresa.
– ¿Qué tan importante es la formación de capital humano en este sector?
– Un 20% de trabajadores en Pymes tiene baja escolaridad, limitando la productividad sectorial. Impulsar programas de capacitación, reconversión laboral e incentivos a la contratación femenina —especialmente en comercio, servicios y transporte— puede generar un efecto multiplicador, considerando que la participación laboral femenina lleva una década estancada en 38%. Hay que apoyar estos procesos con incentivos concretos y políticas diferenciadas permitirá que las Pymes no solo contraten más, sino que generen empleo de calidad y estable. Las Pymes están llamadas a protagonizar el nuevo ciclo económico chileno, pero necesitan reglas claras, un entorno menos hostil y políticas públicas que reconozcan su aporte estratégico al país.
– Ustedes hicieron un análisis de los empleos en déficit en el país ¿Qué nos dice ese número?
– Nosotros analizamos que las PyMEs emplean al 62% de los trabajadores del sector privado pero aún les faltan 63 mil empleos por recuperar respecto a antes de la pandemia, mientras que las grandes empresas ya tienen 31 mil empleos de más ¿Qué significa esto en términos simples? Las empresas más grandes- que tienen recursos, tecnología y capacidad de adaptación- no solo se recuperaron, sino que están creciendo. Pero las PyMEs, que son el 98% de las empresas chilenas, siguen heridas. Es como si el motor principal de la economía estuviera funcionando a media máquina. El problema no es solo la cantidad de empleos, sino su calidad:
– ¿Dónde se marcas estas diferencias?
– Un trabajador en una microempresa gana $617 mil vs $1.172 mil en una gran empresa. El 48% de empleos en microempresas son informales y las PyMEs concentran trabajadores con menor educación y migrantes.
– ¿Que desafíos enfrentan?
– Las PyMEs enfrentan una tormenta perfecta: aumento del salario mínimo, Ley Karin, próxima reducción de jornada laboral, alta carga regulatoria. Son medidas necesarias socialmente, pero las empresas pequeñas no tienen departamentos de Gestión de Personas ni recursos para adaptarse como las grandes. Entonces el mensaje es claro: Si queremos resolver el déficit de 294 mil empleos en Chile, no podemos seguir tratando a una microempresa de 3 personas igual que a una multinacional de 3 mil empleados. Necesitamos políticas diferenciadas que ayuden a las PyMEs a crecer y formalizar empleos, no solo a sobrevivir. Porque si las PyMEs no se fortalecen, Chile seguirá siendo un país de muchas empresas pequeñas que pagan poco, en lugar de empresas medianas que generen empleos de calidad
– Existen sectores trabados en empleo, como el segmento la mujer. Leyes como la de sala cuna no se destraban. ¿Qué opina de este proyecto y su demora?
– La demora en la universalización de la sala cuna no es solo una falla social, es un error económico que nos está costando crecimiento. Los números son claros: la participación femenina en PyMEs se estancó en 38% desde 2015. Llevamos una década perdida en inclusión laboral femenina. El problema es estructural: Las mujeres representan cerca del 50% de la población económicamente activa, pero solo el 38% trabaja en PyMEs. Esa brecha representa cientos de miles de empleos perdidos.
– ¿Cuál es la piedra de tope?
Las PyMEs no tienen recursos para ofrecer salas cuna o flexibilidad horaria. Una microempresa de 5 personas no puede competir con una gran empresa que sí ofrece estos beneficios. Entonces las mujeres calificadas van a las grandes empresas o salen del mercado laboral. Si nos vamos a la experiencia internacional, Dinamarca tiene 59.52% de participación laboral femenina. Según Nordic Cooperation, esto se debe al “cuidado infantil accesible y el derecho a licencia parental pagada y protección del empleo”. Ellos entendieron que el cuidado infantil es infraestructura social, no costo empresarial.
– ¿Cuáles son las consecuencias de la tardanza?
– La demora en este tipo de leyes nos cuesta en tres frentes En productividad, porque perdemos talento que podría elevar la productividad PyM. En equidad porque solo las grandes empresas acceden al talento femenino completo y en competitividad, porque no pueden atraer ni retener mujeres. La universalización no es un favor a las mujeres, es nivelar la cancha para que las PyMEs compitan por talento. Cada año que se posterga, consolidamos un mercado donde solo los grandes emplean mujeres.
– Por el lado de la inversión, ¿qué condiciones deben darse para que crezca el desarrollo de las Pymes en Chile?
– Lo primero es entender que para que haya inversión, debe haber un país con reglas claras, menos burocracia, certezas regulatorias y una institucionalidad que funcione. Las pymes necesitan operar en un entorno donde sepan a qué atenerse. Un país que les da estabilidad, es también un país atractivo para los inversionistas, nacionales y extranjeros.
– ¿Qué ha faltado en esa agenda?
– Chile necesita construir un ecosistema donde las pymes sean robustas, competitivas y estén integradas en cadenas de valor. Eso requiere acceso a financiamiento competitivo, una agenda decidida de simplificación normativa, y una política pública que favorezca la colaboración con grandes empresas, a través de compras inclusivas, programas de mentoring y transferencia de conocimiento.
Hoy muchas pymes no invierten porque no saben si podrán sostener sus operaciones frente a la burocracia o los costos fijos. Necesitamos generar condiciones que no solo impulsen su formalización, sino que también les permitan proyectarse. Una economía con pymes fuertes crece más, es más resiliente y genera mejores condiciones para atraer inversión de largo plazo.
Agenda de gobierno y elecciones presidenciales
– ¿Valora la propuesta de los candidatos presidenciales?
-Valoramos que las pymes estén hoy en el centro de la conversación presidencial. Es un avance que haya consenso en torno a su relevancia. Sin embargo, creemos que la agenda debe ser más ambiciosa, estructural y sostenida en el tiempo. No basta con subsidios puntuales o medidas fragmentadas: se requiere una verdadera política de Estado, con continuidad entre gobiernos, foco en resultados y métricas claras de impacto.
– ¿Qué propuestas destacaría?
– Algunas propuestas van en la dirección correcta. Por ejemplo Evelyn Matthei propone una reducción drástica de la permisología, con simplificación, digitalización, fast tracks y la creación del ‘Pase Pyme’, lo que podría aliviar una de las cargas más pesadas para las empresas pequeñas. Jeannette Jara plantea un subsidio al ingreso vital de $750.000, con apoyo específico a empresas de menor tamaño, reconociendo el desafío de sostener buenos empleos en sectores de baja productividad. José Antonio Kast, por su parte propone el aplazamiento del pago del IVA hasta el día 30 de cada mes, una medida que podría mejorar el flujo de caja de muchas pymes, especialmente en contextos de incertidumbre.
– ¿Qué ha echado de menos?
– Falta una visión integral, que conecte inversión, productividad, inclusión y sostenibilidad. Las pymes necesitan más que incentivos: necesitan certeza regulatoria, acceso a financiamiento, alianzas con grandes empresas, digitalización y un entorno confiable donde puedan crecer sin temor a caer por una traba administrativa. Si queremos que las pymes inviertan más, tenemos que construir un país que las acompañe, no que las asfixie.
– Se señala que en Chile la contratación se ha encarecido versus una ampliación de derechos de los trabajadores. ¿Cuál es el punto de equilibrio para el sector?
– El punto de equilibrio está en diseñar normas laborales que reconozcan la diversidad del tejido empresarial chileno, donde conviven grandes corporaciones con microempresas que tienen realidades completamente distintas. Lo que una gran empresa puede absorber sin dificultad – como un nuevo beneficio o carga administrativa- para una pyme puede significar frenar su crecimiento o incluso cerrar.
Por eso, la ampliación de derechos laborales debe ir acompañada de gradualidad, proporcionalidad y apoyo específico a las pymes. No se trata de retroceder en derechos, sino de avanzar con inteligencia y sostenibilidad. Políticas como el subsidio al salario mínimo, la ley que obliga al pago oportuno o garantías estatales son claves para que las pymes puedan adaptarse sin quedar fuera del sistema formal.
Además, un entorno de contratación predecible, claro y con incentivos bien diseñados no solo protege a los trabajadores, sino que también fomenta la formalización, reduce la rotación y mejora la productividad. Necesitamos políticas laborales que miren el empleo como un ecosistema donde todos —Estado, trabajadores y empresas— deben ganar.
– ¿Puede afectar a las empresas del segmento la propuesta del gobierno de negociación ramal? Si es así, ¿por qué y cómo?
– Sí, la negociación ramal puede tener un impacto significativo en las pymes si no se considera su realidad estructural y heterogénea. No se trata de oponerse a los derechos colectivos, sino de advertir que la imposición de condiciones estándar por rama productiva, sin distinguir tamaño o capacidad de las empresas, podría poner en riesgo la viabilidad de miles de pequeños negocios.
– ¿Qué dicen los datos al respecto?
Los datos lo muestran con claridad: el 64% del empleo asalariado privado proviene de pymes, pero su productividad es menos de la mitad que la de las grandes empresas. Las brechas salariales también son marcadas: los trabajadores de microempresas ganan en promedio un 48% del salario que reciben los trabajadores de grandes empresas. En pequeñas empresas, la proporción sube a 69%, y en medianas a 85%. Fijar pisos salariales únicos por rama podría llevar a muchas pymes a la informalidad o incluso al cierre.. Además, el 21% de quienes trabajan en pymes lo hacen de forma informal, cifra que se eleva a 47% en microempresas, lo que muestra su vulnerabilidad frente a mayores exigencias.
– ¿Cómo se podría avanzar en negociación ramal?
– Por eso, cualquier avance hacia negociación ramal debe tener diseños diferenciados y escalonados, que reconozcan la heterogeneidad del sector. Una pyme de ocho trabajadores no puede negociar en los mismos términos que una multinacional con cientos de empleados y acceso a financiamiento internacional.
Si queremos fortalecer el diálogo social y los derechos laborales, debemos hacerlo con herramientas que no ahoguen a las pymes, sino que les permitan transitar a una mayor formalización y mejores condiciones laborales sin perder sostenibilidad.
–¿Cree que es posible retomar el crecimiento de 4% que se quiere conseguir en un próximo periodo político?
– Sí, pero no con las recetas de siempre. Para crecer al 4% necesitamos aumentar la productividad, y ahí las pymes son el eslabón perdido. Hoy, según datos del Observatorio Grande Pyme, la productividad laboral de una pyme es menos de la mitad que la de una gran empresa. Las microempresas, por ejemplo, tienen un índice de productividad de 39,6, frente a 100 en las grandes.
– ¿Qué tan importante es reducir esa brecha?
– Si invertimos en digitalización, formación de capital humano, financiamiento competitivo y tecnologías accesibles, el 4% de crecimiento deja de ser una promesa retórica y se transforma en una meta realista y alcanzable. Las pymes representan el 98% del total de empresas en Chile. Si no son parte central de la estrategia de crecimiento, no hay posibilidad de dinamizar la economía de forma sostenible. Esto no se logra con subsidios transitorios, sino con una política integral que eleve su productividad y formalización, que reduzca sus barreras burocráticas y que las integre a cadenas de valor.
