“Lo pasé bien”, dice la abogada y exministra Loreto Silva al analizar la separación, tras 25 años, del que fue el estudio Bofill Escobar Silva. La frase podría parecer superficial, pero refleja bien su estado de ánimo: se muestra relajada frente al desafío que implica este segundo tiempo profesional.
¿Hubo pelea? Asegura que no. Explica que Jorge Bofill tenía planes de hacer algo con sus hijos y que, frente a distintos objetivos profesionales, decidieron separarse. Su mirada de lo público la atrae a asesorar proyectos desde sus etapas iniciales y, por supuesto, a apoyarlos cuando enfrentan crisis: permisología, problemas con el Estado y evaluaciones ambientales son algunos de los dolores de cabeza que le gusta resolver.
“Siempre hay una pena cuando se cierra un capítulo profesional. Yo lo pasé muy bien durante esos diez años, pero este es un nuevo comienzo y estoy muy contenta en lo personal”, relata.
Los socios del nuevo proyecto son cuatro. “Veníamos trabajando juntos hace más de diez años”. Junto a ella están Ricardo Escobar, Vanessa Facuse y Sebastián Yanine. Partieron oficialmente el 1 de enero pasado. “Es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, nuevas ganas de hacer cosas. Además, nuestra orientación como estudio es distinta a la que teníamos antes, muy distinta”. El nuevo bufete se bautizó como Escobar Silva Yanine Facusse.
– ¿En qué se traduce esa nueva orientación?
– Nuestro foco es apoyar el desarrollo de proyectos. Queremos estar donde las cosas pasan. En nuestra experiencia profesional creemos que podemos aportar mucho en ese ámbito. Somos un equipo con trayectorias largas y complementarias. Tenemos una mirada global y estratégica para abordar negocios, desafíos jurídicos y conflictos. Uno de mis socios tiene expertise en libre competencia; Ricardo, en impuestos; Sebastián, en litigios; y yo, desde la infraestructura, la regulación y los negocios. Todos hemos transitado por el derecho, la regulación, el mundo privado y también el sector público, lo que nos da una mirada estratégica distinta. Queremos contribuir, desde un conocimiento profundo del derecho, al desarrollo de proyectos, a la inversión y a la solución de conflictos de la manera más simple, rápida y eficiente posible, porque eso es lo que necesitan los clientes.
– ¿Cada cual continuó con sus clientes?
– Sí. Cada uno se llevó los temas donde tenía mayor conocimiento y, en otros casos, son los propios clientes los que toman la decisión. Para nosotros fue clave privilegiar siempre el mejor interés de los clientes. Además, con el foco que tenemos hoy, también tenemos clientes distintos: quienes están desarrollando proyectos, quienes enfrentan dificultades regulatorias o quienes quieren hacer cosas nuevas.
– ¿Observas una tendencia a la judicialización de los conflictos empresariales?
– Soy muy crítica del uso expansivo del derecho penal. Desde mi formación, la herramienta penal es la última opción: es toda la fuerza del Estado contra una persona y, por lo mismo, debe ser muy clara y precisa. Pero hoy vemos delitos definidos de forma tan amplia que permiten todo tipo de interpretaciones. Eso ha llevado a usar el derecho penal como una herramienta de presión, y yo no comulgo con eso. Creo que ahí hay una falla regulatoria que debemos corregir.
Fast track de inversiones
Silva fue ministra de Obras Públicas en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Desde su conocimiento del aparato público, asegura que uno de los problemas que paraliza la inversión es que “el Estado funciona con lógica de papel, con procesos sucesivos, sin aprovechar data analytics ni tramitaciones paralelas. Así es muy difícil destrabar inversiones estratégicas como minería, energía, data centers u obras públicas”.
– ¿Cuáles son las principales preocupaciones de las empresas al invertir?
– El principal problema es la falta de certeza jurídica. No solo la que entrega la ley, sino también la interpretación que hacen los organismos del Estado y los tribunales. Eso se traduce en riesgo, y el riesgo se incorpora al costo de los proyectos. En concesiones, por ejemplo, termina reflejándose en el precio que paga el usuario. Otro gran problema es la actuación compartimentalizada del Estado. No actúa como un todo: hay múltiples ventanillas, con criterios distintos y sin coordinación. Eso genera incertidumbre y dificulta enormemente el desarrollo de los proyectos. Y un tercer punto clave es que tenemos una regulación propia del siglo XX para desafíos del siglo XXI.
– Pero igualmente Chile muestra cifras récord de inversión extranjera.
– En mi experiencia, el riesgo país ha disminuido. Sin embargo, la percepción sobre burocracia, permisología ambiental y seguridad sigue siendo la misma. Hoy tenemos una cartera de US$14.600 millones en proyectos en tramitación ambiental. Son principalmente minería, energía y obras públicas, sectores habilitadores del desarrollo. Si esos proyectos se destraban, pueden contribuir significativamente al crecimiento. Por eso creo que necesitamos fast track para proyectos estratégicos, como lo han hecho otros países, y una coordinación efectiva del Estado, con pronunciamientos paralelos y criterios claros.
– ¿El fast track es compatible con la protección ambiental?
– Absolutamente. La experiencia comparada muestra que se pueden desarrollar proyectos complejos de manera sustentable. Hoy, de hecho, es un requisito desde el punto de vista de financistas e inversionistas. El problema no es la protección ambiental, sino la falta de reglas claras y criterios objetivos. Cuando la regulación es excesivamente interpretativa —por ejemplo, en la definición de humedales— se genera incertidumbre que puede paralizar proyectos relevantes. Necesitamos normas claras, precisas y técnicas.
Chile y el futuro de las obras públicas
En una columna reciente, la abogada se refirió al estado de los aeropuertos del país, pero principalmente apuntó a la eficacia de la asociación público-privada. “La discusión de fondo no es ideológica ni administrativa, sino estratégica: qué modelo permite sostener niveles adecuados de inversión, mantenimiento permanente y ofrecer estándares consistentes a lo largo del tiempo”, planteó.
La exministra agrega que Chile tiene un desarrollo en infraestructura para sentirse orgulloso, pero advierte que no hay que ser autocomplacientes. “Hay que profundizar la asociación público-privada y ampliar el sistema de concesiones a nuevas áreas: hospitales, energía, desaladoras, infraestructura sanitaria, entre otras”, dice.
– ¿Cree que se puede expandir aun más?
– Sí. Muchas veces se olvida que cuando se paga un peaje o una tarifa, se está pagando a plazo una inversión, su operación y mantención. El Estado no tiene los recursos fiscales para financiar todo directamente. El sistema de concesiones permitió acelerar en décadas el desarrollo del país. Eso no impide revisar contratos, pero siempre respetando el equilibrio económico-financiero. Además, hay riesgos -como el ambiental- que hoy asume completamente el concesionario, pese a que muchas veces provienen de la acción del propio Estado. Ese riesgo debe compartirse.
