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Tras aprobación de Maratué: la última carta de los defensores ambientales para frenar el proyecto inmobiliario

Desde la agrupación Salvemos Quirilluca lamentaron la decisión del Comité de Ministros y sostuvieron a EL DÍNAMO que recurrirán a tribunales ambientales para que se revise el mayor proyecto inmobiliario del país.

El Comité de Ministros rechazó las reclamaciones contra el proyecto inmobiliario de Maratué y dio luz verde a su desarrollo en Puchuncaví, lo cual ha generado inmediatas reacciones por parte de organizaciones del sector.

La iniciativa de la Inmobiliaria El Refugio contempla la construcción de 14.180 casas en un transcurso de 45 años, destinando el 70% de ellas a primera vivienda, proyectando el desarrollo gradual de 300 casas por año. Además, reserva un 50% del terreno para áreas verdes y considera un área de conservación de 125 hectáreas.

“El pronunciamiento del Comité de Ministros es una muy buena noticia para la región. No solo confirma la solidez técnica del proyecto, sino que da la certeza necesaria para continuar avanzando en su desarrollo y en la consolidación de las medidas de conservación y protección de los atributos ambientales que son parte fundamental del proyecto”, sostuvo Claudia Lería, directora del proyecto Maratué.

No obstante, la iniciativa que se desarrollará en el sector de Quirilluca ha generado resistencia por parte de comunidades y organizaciones por sus posibles impactos en una zona de alta fragilidad ambiental.

Tribunales ambientales: la última carta de los opositores para frenar el proyecto Maratué

Bajo este contexto, Ricardo Quero, vocero de Salvemos Quirilluca, dijo a EL DÍNAMO que “lamentamos profundamente la decisión del Comité de Ministros, porque esto es claramente una decisión ideológica atravesada por promesas de campañas políticas que ellos realizaron incluso previo a conocer los antecedentes del proyecto”.

“Nosotros pusimos a disposición de las autoridades toda la información contundente y la evidencia que demostraba la falta de información ambiental e incluso omisión de aquella en la evaluación ambiental”, añadió el dirigente de una de las organizaciones que se manifestó este lunes frente al Ministerio de Medio Ambiente cuando se estaban revisando los recursos de reclamación.

Por su parte, Ricardo Frez, abogado de la ONG Defensa Medioambiental y la agrupación Salvemos Quirilluca, mencionó a este medio que “sabíamos que este Comité de Ministros iba a rechazar nuestras reclamaciones y le iba a dar luz verde al proyecto, alineado por supuesto con las políticas del actual Gobierno de priorizar inversión y economía por sobre protección y resguardo ambiental”.

En esa línea, afirmó que están a la espera de que se les notifique formalmente del rechazo, donde el Comité debe entregar la argumentación de la decisión que se tomó sobre Maratué.

“Eso también nos va a dar luz verde para nuestros siguientes pasos, que son recurrir a tribunales ambientales (…) Necesitábamos que el Comité de Ministros se pronunciara. Y ahora estamos a la espera de que se nos habiliten las circunstancias para poder llegar a tribunales ambientales, que es donde esperamos realmente poder obtener una revisión mucho más profunda del proyecto. Idealmente, que se constaten todas las irregularidades y falencias que tiene la Evaluación Ambiental del proyecto Maratué, y que de esa forma logremos obtener la anulación de su Resolución de Calificación Ambiental (RCA)”, aseveró.

Parlamentarios del FA cuestionaron aprobación del proyecto Maratué

Desde el mundo político también hubo reacciones. El senador Diego Ibáñez y la diputada María Francisca Bello (FA) criticaron la decisión del Comité y acusaron una falta de mirada integral.

“Lo que está en juego en proyectos como Maratué es si aprendimos de zonas como Quintero y Puchuncaví, o si vamos a volver a tomar decisiones sin suficiente resguardo para las comunidades. No podemos seguir planificando ciudades en base a proyectos inmobiliarios. El desarrollo urbano tiene que pensarse de manera integral, con el Estado, las comunidades y el territorio al centro, no al revés“, cuestionó Ibáñez.

La diputada Bello, en tanto, comentó que “se vuelve a poner por delante un modelo de desarrollo que no dialoga con los territorios, que no se hace cargo de la crisis hídrica ni del daño ambiental acumulado en zonas como Puchuncaví”.

Si bien reiteró su respaldo en materia de inversión, recalcó que esto “debe ser con responsabilidad y no a costa de las personas y el medio ambiente”.

Por su parte, el diputado Jaime Bassa (FA) tildó esta determinación como “una irresponsabilidad brutal” y aseguró que oficiará al Ministerio de Medio Ambiente para que entregue explicaciones al respecto.

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