Mountain Capital Partners (MCP), dueño de Valle Nevado y La Parva, y Andacor, propietaria de Farellones y El Colorado, desistieron de seguir adelante con el proceso de fusión, la cual estaba siendo analizada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE).
Esta operación comprometía a cuatro de los cinco centros de esquí más reconocidos de la Región Metropolitana, por lo que la FNE había dejado ver sus reparos apuntando a un eventual monopolio en el sector, ya que la operación comprometía al 97% de participación del mercado, por lo que solicitó una serie de medidas de mitigación.
Ante esto, las compañías dieron a conocer una declaración pública, en la cual consignan que “la FNE no aceptó como medidas de mitigación una serie de inversiones y beneficios comerciales ofrecidos por MCP y Cururo (controladora de Andacor). Por el contrario, para aprobar la operación, la FNE consideró que se requerían medidas estructurales que habrían implicado la venta de alguno de los centros de los Tres Valles a un tercero. Naturalmente, tales medidas son incompatibles con los objetivos de inversión de MCP y el objetivo de las partes de crear uno de los destinos de montaña más grandes y accesibles del mundo“.
Esto, ya que la FNE alertó un eventual aumento en los precios y una caída en la calidad de los servicios, ante el monopolio que generaría la operación en el mercado de estradas a servicios de esquí en la Región Metropolitana.
Ante esta postura, Ancador y MCP dieron a conocer un plan de mitigación, que consideraba entrada gratuita a menores de 12 años y mayores de 75 por un mínimo de cinco temporadas. A esto se sumaban inversiones en infraestructura por $11.300 millones en los Tes Valles, y $600 millones en Volcán Osorno y Pillán.
La respuesta de la FNE fue que las medidas de mitigación propuestas por las partes “no abordaban de manera efectiva los riesgos de la operación, pues se limitaban exclusivamente a compromisos temporales de carácter conductual, enfocados en regular las variables competitivas del mercado (tales como inversiones y lanzamiento de nuevos productos). Los compromisos ofrecidos se orientaban a sustituir la competencia por políticas comerciales y no remediaban los riesgos permanentes a que daba lugar la operación”.
“Por ello, la FNE transmitió a las partes que, dados los riesgos sustanciales derivados de una cuasi-monopolización del mercado, las medidas conductuales ofrecidas no resultaban suficientes para mitigar los riesgos identificados y no eran idóneas, efectivas ni factibles para impedir que la operación redujera sustancialmente la competencia”, precisó la Fiscalía.
