La Fiscalía Nacional Económica (FNE) pidió a la Corte Suprema rechazar el recurso presentado por Cadena Comercial Andina SpA (CCA), matriz del grupo Oxxo, para que no se aplique la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que lo condenó al pago de una multa fiscal de 2.898 Unidades Tribunales Anuales, esto es, más de $2.400 millones.
La sentencia dictada por el TDLC en 2021 responde a la entrega de información falsa al notificar su operación de concentración con Ok Market.
En el fallo, el Tribunal consignó que “para lograr un pronunciamiento fundado de la FNE en el menor tiempo posible, es fundamental que la notificación de los interesados sea realizada con la mayor completitud. A lo anterior se agrega que la decisión sobre una operación de concentración no solo interesa a las partes, sino que afecta a todo el mercado o industria concernida por el eventual cambio de condiciones de competencia que puede ocurrir. En consecuencia, para minimizar los errores de la decisión, es necesario contar con la mayor cantidad de información para la revisión de la operación”.
La FNE recordó que, en su momento, Oxxo aseguró que cumplía la legislación y que solo tenía 40 antecedentes de los exigidos por la ley, cuando tenía al menos 60, junto con recalcar que la operación bursátil era acorde a la ley, en circunstancias que omitió la entrega de la información requerida por el regulador.
La investigación de la FNE contra Oxxo por compra de Ok Market
La FNE presentó este requerimiento en diciembre de 2022, luego de una investigación iniciada en julio del mismo año. Originalmente esta acción contenía también una acusación en contra de CCA, tras detectarse que esta última incumplió una de las medidas de mitigación que condicionaron la aprobación de la adquisición de Ok Market, al no renunciar, en los plazos acordados, a cláusulas de exclusividad pactadas en un número de contratos de arrendamiento de locales.
Respecto de esa acusación en particular, la FNE arribó a una conciliación con CCA en julio de 2023, en la cual la empresa reconoció el incumplimiento y se obligó a pagar $ 380 millones a beneficio fiscal.
